La incertidumbre económica por la guerra, aunque también la nueva ley de la cadena alimentaria, parecen haber enterrado este año la vieja costumbre de la industria vitivinícola de publicar tablillas de precios para comprar la uva. Durante décadas dio publicidad a las relaciones comerciales con los viticultores al desatar cada vendimia el debate por la conveniencia o insuficiencia de esas ofertas desde los primeros remolques.
También sirvió a cada bodega para despistar a su propia competencia tanteando índices de salida que luego se modificaban según se confirmaba el kilogrado, la acidez o cualquier otro parámetro que mereciera una revisión por calidad como pasó tantas veces en cosechas cortas.
Hasta hoy, en el ecuador de septiembre, y con una recolección muy adelantada por la sequía y las últimas olas de calor, la ausencia de esas hojas en las ventanillas de los descargaderos de Valdepeñas o Mancha, han dejado al viticultor sin una información colectiva que siempre espera, y que ahora, sin embargo, tiene individualmente en su contrato.
Aparentemente, (a falta de se publicasen en el marco de las dos grandes denominaciones de origen de la región en lo que queda de cosecha), la industria vitivinícola habría encontrado una fórmula más discreta, silenciosa, legal que evita el alzamiento colectivo por descontento que además le permite tantear los ánimos del propio sector según 'aprieten' los propios representantes sindicales.
Toda la preocupación y vigilancia gira sin embargo en torno a la obligada cobertura de costes que impone la ley. Algunas organizaciones como Asaja y COAG han denunciado la inclusión de cláusulas contractuales que buscan supuestamente de forma unilateral el reconocimiento y el asentimiento del propio viticultor de que la oferta lanzada cubre sus gastos. De esta forma, con su firma acepta que está conforme con todas las condiciones descritas por si tuviera tentación de denunciar después por destrucción del valor.
La Agencia de Información y Control de la Cadena Alimentaria (AICA) recuerda que el valor de un producto se conforma de abajo a arriba, y no al contrario, y que esa rúbrica no invalida el derecho a una demanda posterior si puede acreditar que lo percibido no cubrió finalmente sus costes.
El problema sigue siendo encontrar un índice claro u oficial que sirva para dirimir tan complejo juicio. Y aquí la AICA asegura que ya hay mucha información, estudios de la propia interprofesional del vino de España (OIVE) o de diferentes universidades que han hecho cálculos en diferentes regiones que tendrían validez.
Me sigo preguntando por qué no se actúa de oficio si ciertas situaciones resultan tan legalmente dudosas. El sábado en la radio de Castilla -La Mancha, su directora, Gema Hernández, me confirmó 'A Pie de Campo' que ya hay investigaciones y expedientes abiertos.