Los dueños del suelo en Méntrida piden OK a las fotovoltaicas

La Tribuna
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Los cuatro proyectos han recibido un informe medioambiental desfavorable. Los parques iban a ocupar 1.500 hectáreas en terrenos poco productivos

Foto de archivo de una planta fotovoltaica. - Foto: Yolanda Lancha

La Asociación de Propietarios de Suelo Rústico es una organización sin ánimo de lucro creada por más de 200 familias titulares de pequeñas parcelas de suelo rústico en Méntrida. Sus asociados se dedican mayoritariamente a la agricultura y ganadería, principalmente a la viticultura y al cultivo del cereal, y buscan en estos proyectos solares una fuente adicional de ingresos compatible con sus actuales dedicaciones al campo.

En enero, la Administración decidió que los parques solares previstos en la comarca no eran medioambientalmente viables a pesar de los informes presentados durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Desde la asociación, consideran errónea la decisión y apelan a que se reconsideren las alegaciones presentadas y se evalúe de nuevo el impacto ambiental, a la vez que se tenga en cuenta la dimensión social.

Los afectados englobados en la asociación son pequeños propietarios de fincas, con parcelas que no llegan a la hectárea, y que ven como, sin las aportaciones de las renovables, sus terrenos no tendrán valor por ser poco productivos.

Los afectados se han movilizado con una recogida de firmas por internet y piden a la Administración que reconsidere la viabilidad ambiental de los proyectos fotovoltaicos de Méntrida.

Al primer acto de recogida de firmas, celebrado el 18 de marzo en el Ayuntamiento de Méntrida, acudieron más de 100 personas, lo que pone de manifiesto el interés que las iniciativas de construcción de plantas solares suscitan en la comarca, y está prevista para el mes de abril una gran manifestación que congregue a todos los afectados de Méntrida y alrededores.

Los parques solares previstos en la comarca ocuparían una superficie alrededor de las 1.500 hectáreas de superficie y supondría una capacidad de más de 700 megavatios de potencia, la energía que podrían consumir cerca de 390.000 familias. En enero, se decidió que estos proyectos, que se encontraban en fase de evaluación de impacto ambiental, no eran viables.