«La violencia de género es un problema de primer orden en el país». Así lo ha indicado recientemente la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona en el análisis de la estadística publicada con datos judiciales correspondientes al segundo trimestre del año.
Este órgano dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) manifiesta de nuevo su preocupación ante el aumento de los indicadores, sobre todo, porque ya no se ven afectados por la pandemia, principalmente del número de víctimas y de denuncias que obliga «a no bajar la guardia» y a que las administraciones continúen esforzándose por avanzar, proteger y aplicar medidas contra esta lacra tan enraizada. Sólo en la provincia de Toledo se registraron 629 delitos en este periodo, uno de ellos el homicidio que se produjo en Maqueda el 3 de marzo, cuando la pareja de la víctima la asesinó en su lugar de trabajo, un restaurante de una gasolinera, y poco después se suicidó.
Toledo también ha tenido un comportamiento similar al resto del país, con un aumento del 11,6% en el número de víctimas de violencia de género respecto al trimestre anterior y de un 3,39% tomando como referencia el segundo trimestre de 2021. Por tanto, los juzgados de la provincia contabilizaron un total de 518 mujeres frente a las 464 víctimas de enero, febrero y marzo.
El Observatorio pone especial empeño desde hace años en la visibilización de la violencia machista y sigue lanzando el mensaje de que la denuncia es la única salida. En este caso, Carmona valora el hecho de que entre mayo y junio se registre mayor número de mujeres que han decidido sacar a la luz la problemática y llevarla a los tribunales, pero todavía son muchas las víctimas que siguen soportando humillaciones, palizas, insultos y vejaciones en silencio por temor a represalias, por falta de independencia económica o por dependencia emocional.
Los juzgados de la provincia recibieron una media de 6,3 denuncias diarias en el segundo trimestre, 0,7 más a diario que el trimestre anterior. Por tanto, se contabilizaron 565 denuncias, pero sólo hubo una víctima que se acercó directamente al juzgado. El resto, mediante atestados policiales.
Al respecto, es necesario señalar que se formalizaron 454 atestados a instancias de la víctima, 90 con intervención directa de las fuerzas de seguridad, dos atestados a instancias de los familiares y ocho partes de lesiones que llegaron directamente a los tribunales. Por tanto, la lectura del Observatorio sigue siendo la misma, la necesidad de que el entorno de la víctima se implique, la proteja y acuda a denunciar porque sigue resultando llamativo que las denuncias familiares únicamente reflejen un 0,3% en un trimestre.
Más datos. La dispensa de la obligación de declarar, un derecho reconocido que tiene la víctima, es un motivo de preocupación constante en los juzgados a pesar de que el número de víctimas que se niega a declarar sea pequeño. En el segundo trimestre se acogieron a ello 47 mujeres, es decir, un 0,08% del total. En principio, la estadística podría ir a mejor en estos indicadores en consonancia con la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en 2021, ya que ahora las víctimas tienen obligación de declarar si han denunciado y declarado siempre que conozcan y asuman las consecuencias de la denuncia, con lo que la Fiscalía puede contar con un elemento más de prueba y el proceso judicial no tendría que archivarse.
Las condenas también aportan datos más positivos. De abril a mayo, los tribunales enjuiciaron a 94 varones por violencia machista, y el 93,6% de los enjuiciados fue condenado por los jueces. Un porcentaje mucho mayor que en el trimestre, con un 80,6% de fallos condenatorios. Si se observa la relación entre víctima y agresor, el 44,3% de los casos ya no existía relación afectiva.
Las medidas de protección, tanto civiles como penales, siguen siendo claves para este tipo de delitos. En este segundo trimestre del año se solicitaron 169 órdenes de protección y se adoptaron 116, un 18,3% más que entre enero y marzo. Si bien, los jueces rechazaron 53 órdenes solicitadas porque no cumplían las condiciones exigidas.
Las novedades legislativas van dando frutos, como ocurre con la medida civil de suspensión del régimen de visitas, derivada de la reforma del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor en 2021. La medida está consiguiendo buenas cifras, pero aún queda recorrido, ya que en Toledo se acordó en 14 casos, en seis menos que en el primer trimestre.