A Priego le separan escasos 20 kilómetros de El Recuenco, los mismos que van de Monreal del Campo a El Pedregal. Otra veintena hay de Alcolea del Pinar a Medinaceli, con la ventaja de que la carretera que los une es la autovía A2. Priego está en Cuenca, Monreal en Teruel y Medinaceli en Soria. El resto, en la provincia de Guadalajara. Una vez entre en vigor la última medida del Gobierno de Sánchez -al acostumbrado marketing en diferido de Moncloa, le quedan otra media docena de anuncios más-, los que vivan en Cuenca, en Teruel o en Soria podrán beneficiarse de interesantes deducciones fiscales. Van enfocadas a la reducción de los costes laborales, que se traduce en una rebaja del 20% en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, tanto en los contratos indefinidos ya existentes como en los nuevos que se firmen de esa misma condición en estas tres provincias. La ecuación es fácil de deducir: si un emprendedor o una empresa de cualquier tipo está pensando en asentarse en alguna de esas zonas, ¿por qué provincia se va a decantar?
Aquí no se trata de comparar -y menos enfrentar- a unos territorios con otros, o a unos pueblos con sus vecinos de al lado. La despoblación no entiende de fronteras, que son meramente administrativas y en ocasiones sin criterios rigurosos. No es cuestión del debate de hoy, pero ahí está la región inventada que es Castilla-La Mancha. Basta con conocer algo esas comarcas limítrofes para entender el disparate que están cometiendo. ¿Qué diferencia hay entre Bronchales, en Teruel, y Checa y Orea, en Guadalajara? ¿O entre Barcones, en Soria, y Romanillos de Atienza? ¿Y entre El Pozuelo, en Cuenca, y Villanueva de Alcorón? Aparte de la mínima distancia entre estos pueblos y pequeñas diferencias en el padrón, poco más. Comparten problemas y soportan de manera estoica y en silencio el olvido de los que mandan con el mando a distancia desde un despacho de la capital.
La exclusión de la provincia de Guadalajara de estas ayudas fiscales tiene una explicación técnica. Para establecer el corte, la Comisión Europea reduce los beneficios a aquellas áreas con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Atendiendo a este criterio, en España, solo Teruel, Soria y Cuenca cumplen esa condición de Bruselas. Esto no es sólo comparativamente injusto; es, además, una aberración administrativa. En el caso del Señorío de Molina de Aragón, no llegan a 8.000 habitantes censados para una comarca de casi 3.466 kilómetros cuadrados, lo que se traduce en una densidad de población de 2,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Si analizamos la Sierra Norte de Guadalajara, el dato no es muy diferente. De hecho, por encima del 90% de esta provincia tiene una densidad de población inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado, un nivel que se considera de «extrema despoblación». El problema surge porque en la media incluyen una de las zonas de España con más desarrollo poblacional como es el Corredor del Henares, que comparte río y tren de Cercanías con la Comunidad de Madrid. Es decir, que para establecer el registro final de población mezcla en el mismo puchero la densidad de Azuqueca de Henares con la de Checa y la de Cabanillas, Villanueva de la Torre o Alovera con Castilnuevo, que, con una decena de vecinos censados, viene a ser uno de los pueblos más pequeños de la provincia.
Justificado técnicamente este desatino, ha de entrar la política, que tantas veces se llena la boca -incluso alguno los bolsillos- hablando de nuestros pueblos, con términos tan insultantes como el de la España vacía o vaciada. Si no se soluciona la exclusión de Guadalajara de estas ayudas, si desde la Junta y desde el PSOE (fundamentalmente, los diputados y senadores de esta provincia, cuyo partido gobierna en Moncloa) no convencen con argumentos tan evidentes a los que han decidido el atropello, su discurso de defensa del medio rural habrá resultado un engaño.