El sindicato Comisiones Obreras ha hecho una visita al subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo para que recuerde a los ayuntamiento de la provincia, grandes y pequeños, que están obligados a sacar una oferta pública de empleo para reducir la temporalidad de su plantilla de interinos. Manejan datos de que el 50% de los ayuntamientos no tiene previsto sacar la oferta de empleo a tiempo y advierten de que lo denunciarán el mismo 2 de junio.

Raúl Justo Herrero, coordinador del Sector de la Administración Local de CCOO en la provincia de Toledo, explica que van a solicitar que los ayuntamientos se tomen en serio la ley sobre reducción de la temporalidad porque saben que muchos, en especial los de menos de 5.000 habitantes que creen que este asunto solo concierne a los municipios grandes, no tienen ni siquiera intención de publicar la oferta de empleo.

Advierte de que la ley marca fechas concretas: el 1 de junio es la fecha tope para la publicación y el 31 de diciembre la de las bases, y es para todas las administraciones.

CCOO quiere que el Gobierno de España obligue a todos los ayuntamientos de la provincia a publicar las ofertas y a cumplir la ley, en caso contrario avisa que los alcaldes que no lo hagan van a incurrir en conductas que son sancionables.

El sindicato desconoce las causas por las que no se publica la oferta, por ejemplo si los alcaldesa prefieren elegir a dedo a sus trabajadores, pero recalca que las plazas ocupadas por interinos durante más de tres años «tiene la obligación de su publicación» para erradicar ala temporalidad para convertirlos en personal fijo y aclara que serían convocatorias abiertas a todas las personas interesadas en optar a esas plazas si bien quienes lleven un tiempo en ese puesto de trabajo tendrán más puntos.

Por su parte, Federico Pérez, secretario general de CCOO Toledo, indica que les preocupa que el 1 de junio se produzca una situación de irregularidad masiva en los municipios de la provincia e insiste en que sus datos son que el 50% de los ayuntamientos no tiene previsto sacar la oferta de empleo y espera que la Subdelegación del Gobierno actúe para corregirlo.

Avisa que de no hacerlo se incurre en responsabilidades graves según indica la propia ley a la que se refieren y que esa culpabilidad podrían recaer sobre responsables políticos municipales. CCOO también pedirá a la Diputación que medie con los ayuntamientos.