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Jorge Jaramillo

Mi media Fanega

Jorge Jaramillo


«Nos lo deben»

03/10/2022

La jornada sobre el 'Alto Guadiana' organizada por la Confederación Hidrográfica (CHG) en Alcázar de San Juan nos deja un compromiso político trascendental para concluir el proceso de regulación de pozos de unas 1.500 explotaciones prioritarias de esta cuenca que -como recordaron muchos regantes ese día- llevan esperando 14 años.
Desde entonces, y especialmente en las últimas legislaturas, han sido varias veces las que se anunció que el acuerdo con Transición Ecológica estaba «a punto…», «pendiente de firma…», incluso mucho antes con Isabel García Tejerina en el Ministerio de Agricultura y el gobierno del PP en el Palacio de La Moncloa. Porque la competencia es estatal.
Así que, si algo ha demostrado el tiempo es que posiblemente no fue un problema de falta de voluntad política, siempre estuvo en la agenda, sino más bien de que la solución era muy compleja jurídicamente y medioambientalmente si no había dinero.
Y por eso tiene ahora resulta más trascendencia el anuncio de relanzar el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) que efectivamente dormía en un cajón, (por suerte para todos nunca fue derogado), a través de una partida de fondos europeos de reconstrucción de 250 millones de euros. Esa fue la oferta que trajo bajo el brazo un Secretario de Estado de Medio Ambiente del Miteco, Hugo Morán, que sabía que no podía pisar Alcázar de San Juan sin ofrecer algo más que un discurso, y mucho menos ante el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page que, flanqueado por su vicepresidente José Luis Martínez Guijarro, el consejero de Agricultura y varios directores generales también de Desarrollo Sostenible, convocó y publicitó una reunión bilateral previa al encuentro con los agricultores para que no todo quedara en buenas intenciones.
El tiempo también ha demostrado que la solución estaba en el BOE desde 2005 donde se diseñó la construcción de una tubería manchega para llevar agua desde la cabecera del Tajo a los municipios de La Mancha que beben del subsuelo. La obra, pendiente en varios ramales, también parece haberse relanzado, y uno de los terminados podría abrir por fin en primavera.
Pero sin presupuesto resulta complejo continuar y resolver una asignación de agua que no existe en los papeles ni en los informes de la CHG. «Veo más dinero que agua», dijo el portavoz de Cooperativas, Julio Bacete. Y en efecto, no está por lo menos en la cesión comprometida de unos 16 hectómetros cúbicos que restan y debieron transferirse a la Junta desde tiempos de Barreda para poder «terminar lo que se empezó», como recordó el actual Presidente al número dos de Teresa Ribera. Y de ahí que anticipara, como queriendo comprometer más su palabra, que habrá nuevas ofertas de compra de derechos, la primera quizás antes de que termine el año. Solo así se pueden conceder los papeles a los que llevan tanto tiempo esperando.
La posible solución ha generado esperanza entre las comunidades de usuarios o CUAS, «hartas ya de anuncios», como también subrayaron, y entre los dirigentes agrarios de Asaja, UPA, COAG y Cooperativas que, sin embargo, no renuncian a exigir un nuevo estudio de medición sobre los recursos disponibles en el subsuelo porque esa es la clave para neutralizar los posibles recortes que advierten ya en el nuevo Plan hidrológico de cuenca.
«Nos lo deben», dijo José María Fresneda en respuesta al Secretario de Estado. Una aseveración que destila una idea común: nadie está dispuesto a recibir la noticia como si fuera un regalo o una especie de 'Plan Marshall' para los acuíferos. Para todos es una deuda pendiente del Estado desde que, en el final de la segunda legislatura de Zapatero se desvanecieran los más de 5.000 millones de euros incluidos en el Real Decreto que, con mucho esfuerzo, logró sacar adelante Enrique Calleja, el entonces Presidente de la Confederación del Guadiana, junto a su comisario de Aguas, Samuel Moraleda, hoy responsable máximo de la administración hidráulica, y el consenso general de todas las partes implicadas en una negociación histórica que firmó Cristina Narbona.
En efecto, nadie ha sabido explicar después por qué no siguieron comprándose derechos para culminar una regulación que sí llegó a muchas explotaciones de leñosos pero dejó en un limbo a las que esperan el mismo trato como viene exigiendo la UPA desde entonces. Por qué se cerró y liquidó el consorcio de gestión del Alto Guadiana  que hizo una cogestión impecable -ahora volverá a abrir- para que las dos administraciones pudieran cumplir con lo que ya era ley.
La crisis financiera de 2008 fue la excusa para algunos, o quizás, la que hizo inviable aquel ambicioso y millonario plan que ahora pretende levantarse con 250 millones de euros de fondos de reconstrucción de Europa. Pero el tiempo apremia, y el dinero hay que ejecutarlo. Por eso también urge desvelar el calendario de trabajo para que la Junta y todos los usuarios del agua puedan confiar en la palabra dada por un Ministerio que  a cambio exige un inequívoco compromiso medioambiental, de sostenibilidad y de recuperación de las masas de agua «para no fracasar». Eso también lo dijo Morán.