El Ejecutivo de Pedro Sánchez consiguió ayer salvar la votación de la ley de planes de pensiones de empleo gracias a la abstención de Bildu y después de tres votaciones en las que se repitió el mismo resultado de 126 votos a favor, 126 en contra y 4 abstenciones. La norma, con la que el Gobierno quiere impulsar este instrumento complementario de ahorro para la jubilación, quedó así definitivamente aprobada por las Cortes Generales, a pesar del empate registrado en el Senado.

La Cámara Alta envió al Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley para su entrada en vigor. Fuentes parlamentarias explicaron que el Senado puede publicar en el BOE la ley tal y como salió del Congreso, al no haberse introducido ningún cambio.

Los votos a favor del PSOE, Podemos, Ciudadanos y PNV entre otros, chocaron contra los de otros grupos políticos como Vox, PP, Junts per Catalunya y ERC, mientras que Bildu se abstuvo, igual que hizo en el Congreso.

La ley de planes de pensiones de empleo constituye uno de los hitos del plan de recuperación económica para este año que busca favorecer su desarrollo dentro de las empresas y a través de la negociación colectiva y apoyados en la creación de fondos de promoción pública.

«Se da cumplimiento a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo», recordó el senador socialista Antonio Ferrer que subrayó que uno de los objetivos de la norma es impulsar estos planes entre las pymes y los autónomos.

«Se busca impulsar la previsión complementaria que no sustitutiva del sistema público», subrayó Ferrer.

Desde Ciudadanos, el senador José Luis Muñoz recordó algunas de las mejoras introducidas con sus enmiendas como los cambios en la fiscalidad para las empresas y destacaron la importancia de reforzar este denominado «segundo pilar».

La senadora del PNV María Dolores Etxano insistió en que se habla de instrumentos complementarios «no sustitutivos de las pensiones públicas» y apuntó al desarrollo de estos planes, vía negociación colectiva, en el País Vasco.

Entre las críticas a la norma, la senadora de ERC, Ana María Surra, acusó al Gobierno de «publicidad engañosa» para hacer creer a la gente que es «mejor hacerse un plan de pensiones privado».

Desde el PP, la senadora María Mercedes Fernández consideró que es «muy interesante y necesario complementar las pensiones», pero denunció el «intervencionismo exagerado y radical» del Gobierno al dificultar el paso de los planes personales a los colectivos, castigando así a los autónomos.

También criticó, tras conocerse la salida de dos secretarios de Estado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que «algo falla en este Ministerio cuando el señor ministro José Luis Escrivá no se entiende con nadie».

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, lamentó que el tercer pilar de las pensiones, relativo al ahorro privado, haya desaparecido «por el espíritu recaudatorio del Estado».

«Si son tres pilares (pensiones públicas, planes de empresa y planes privados), como falte uno, se nos cae todo. Al final, nos vamos a tener que quedar con el único pilar que nos da cobijo, que es la Virgen del Pilar», ironizó Garamendi.