El gasto del sector público en España supera el 50% del PIB. Mientras, las cifras de ingresos no alcanzan a reducir el déficit público, a pesar del aumento de la presión fiscal y de la recaudación del Estado proveniente, fundamentalmente, del IVA por el alza de los precios, particularmente, de bienes cuya demanda es inelástica como los alimentos, los combustibles y la electricidad. Así, la Agencia Tributaria publica que hasta marzo el IVA crece un 21,3%, el IRPF sube un 10,2% y los ingresos por impuestos a los hidrocarburos aumentan un 19,2%.
Bien sabemos que la Hacienda pública se dedica a financiar las actividades que realiza el sector público para tratar de resolver, con recursos escasos de uso alternativo, los problemas económicos de la sociedad: asignación, redistribución estabilidad y crecimiento. Es decir, disponer qué bienes deben producirse y cómo hacerlo, cómo repartir los bienes producidos, cómo evitar los desequilibrios en la economía derivados del paro, la inflación, la balanza de pagos o de las cuentas del sector público y cómo aumentar los bienes para satisfacer la demanda creciente de la población. Por eso, dada la enjundia y entidad de estos problemas, aún sabemos mejor lo difícil que es determinar el tamaño óptimo del sector público, puesto que, además, depende de la valoración perceptiva que los ciudadanos hacen de su coste – impuestos- en comparación con los beneficios que obtienen de la acción pública.
Un sector público que absorbe ese porcentaje del PIB, suponiendo los impuestos casi la mitad de la renta nacional, es el agente económico más importante de nuestro país, ya que con sus decisiones condiciona al resto de actores económicos, tanto empresas como hogares. No solo en sus proyectos de ahorro y consumo, sino también porque suelen servir de pauta para que adopten estos agentes las suyas.
Sin embargo, en esta ocasión predicamos 'haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga', puesto que la temporalidad de los trabajadores públicos ha aumentado significativamente y en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea solo se contempla la subida del 2% de su salario.  Quizás porque un esfuerzo inútil conduce a la melancolía, parafraseando a Ortega y Gasset, fue tan alicaída la manifestación del primero de mayo que reclamaba subida de salarios y menor precariedad.
La inflación es disolvente decía hace unos días el economista liberal Carlos Rodríguez Braun al que admiro no solo por sus entretenidas facetas, sino porque acierta con frecuencia en sus previsiones. Y eso que como liberal se aleja de los planteamientos de la redistribución de la renta propios de los conservadores, continuadores de la doctrina social de la Iglesia, y de los socialdemócratas que, una vez que se despistaron de las teorías marxistas, abrazaron las keynesianas. Pues bien, decía que la inflación disuelve la cohesión social porque todos se ven amenazados por la pérdida de poder adquisitivo y acusan el progresivo empobrecimiento, por lo que es razonable esperar que hagan valer su posición para obtener mayor ventaja y no quedarse atrás.