El Hospitalito del Rey no abrirá sus puertas en los primeros meses de 2023 tal y como estaba previsto. El proceso de licitación se está dilatando más de lo esperado, puesto que desde que salieron a concurso el pasado mes de septiembre los 'servicios de atención residencial', 'limpieza y lavandería', 'recepción y telefonía' y 'gestión de cocina' no han dejado de sucederse medidas cautelares y recursos.

El proceso de adjudicación se dividió en esos cuatro lotes, y muchas empresas se interesaron por poder gestionar los servicios de esta nueva residencia para personas con trastorno mental grave en el Casco Histórico de Toledo, que tendrá un total de 60 plazas y contará con 50 trabajadores.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha presupuestó la puesta en marcha de la nueva instalación en 3,7 millones de euros, en un contrato a dos años (7,8 millones en total), y el proceso ha ido sorteando etapas con la apertura de las distintas ofertas por lotes.

La principal polémica ha llegado en el denominado lote 1, dedicado al 'Servicio de Atención residencial'. Se trata del apartado vinculado directamente con el cuidado de los internos, y es la parte del contrato con mayor cuantía económica, con un precio máximo de licitación de 2,1 millones de euros al año frente a 754.066 euros de 'limpieza y lavandería, los 214.554 de 'recepción y telefonía' o los 621.408 de 'gestión de cocina'.

La atención residencial marcará el equipo de profesionales que prestará apoyo directo en la futura residencia, y está especificado por pliego que corresponderá a un modelo de gestión mixto, dependiente en parte de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y en parte de la entidad resultante de esta licitación.

El proceso de adjudicación ha sido duro, y se han producido varios recursos de diferentes empresas que consideraban vulnerados sus intereses.

El último de ellos se produjo el pasado 26 de enero. Cuando parecía que el contrato de atención residencial iba a ser adjudicado a la empresa 'Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales', al obtener la mejor puntuación en los cinco criterios del pliego entre otras tantas empresas candidatas, se produjo un recurso especial en materia de contratación por parte de 'Grupo 5 Acción y Gestión Social SAU' solicitando suspender cautelarmente la resolución de adjudicación. Con anterioridad, otras de las licitadoras, Grupo GB Residencias presentó recurso espacia ante el Tribunal de Recursos Contractuales que el 20 de enero decidió suspender la adjudicación del contrato hasta que se dirima el fondo del asunto.

El motivo esgrimido por 'Grupo 5' para pedir la paralización del proceso está en una reclamación por la adjudicación de ese lote, que, como indican en su recurso, «no resulta conforme a derecho y es contraria» a sus intereses.

Los abogados de 'Grupo 5' tratan de demostrar que la Mesa de Contratación valoró las ofertas de «forma arbitraria», negándose la puntuación máxima de 15 puntos en el criterio 4 de adjudicación (plan de formación continuado del personal) frente a los 7,5 puntos que les concedieron.

Con esos 15 puntos 'Grupo 5' resultaría el vencedor de la adjudicación. Por eso aclaran que ellos ofrecieron 41 horas anuales de formación en ese punto. El pliego distribuía la puntuación en tres apartados diferentes: entre 21 y 30 horas anuales, con 5 puntos; entre 31 y 40 horas, con 7,5 puntos; y más de 41 horas, 15 puntos. Como la oferta de la empresa marca exactamente 41, y el documento ponía expresamente «más de», la Mesa de Contratación no les puntuó con la máxima nota.

'Grupo 5' entiende que es una interpretación arbitraria, y reclaman «un mínimo de comprensión lectora y simple sentido común» para ver el error, ya que «es evidente que 41 es una cifra matemática superior a 40».

Para demostrar su razón invocan el artículo 1285 del Código Civil, que indica que «las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas».

También citan la doctrina jurisprudencial sobre la interpretación de las llamadas 'cláusulas oscuras', que afirma que aquellas que incurran en la ambigüedad o contradicción «no pueden originar un perjuicio para las empresas que toman parte en los procedimientos de licitación».

De esta forma, piden que se les puntúe con 15 puntos en lugar de con 7,5 en ese criterio de adjudicación y, de esta forma, se alcen con el contrato de asistencia residencial del Hospitalito del Rey con un total de 80 puntos frente a los 75 del segundo clasificado.

«La Mesa de Contratación ha aplicado incorrectamente los pliegos a la hora de valorar las ofertas y, en consecuencia, la valoración de ofertas que ha realizado en virtud de dicha incorrección y apartamiento de los pliegos es nula», señalan en su recurso desde 'Grupo 5'.

Por todo ello, solicitan al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anule la adjudicación anterior y, mientras dure ese proceso, suspenda la resolución cautelarmente por el grave perjuicio que eso conllevaría. En definitiva, una nueva dilatación de la adjudicación que impedirá abrir el Hospitalito en los próximos meses.

proyecto residencial. La residencia comunitaria Hospitalito del Rey está proyectada como un centro sociosanitario de carácter residencial que, desde el modelo de la rehabilitación psicosocial y la recuperación, ofrece alojamiento, manutención, cuidado, y actividades para la mejora de la autonomía personal y social y la inclusión comunitaria a personas con trastorno mental grave, que precisan de un sistema intensivo de apoyos profesionales.

La estancia en la residencia será voluntaria, y estará condicionada al plan individual de la persona, pudiendo ser ésta temporal (entre 2 días y 3 meses), transitoria (entre 2 meses y un año) o indefinida (superior a un año con dificultad de estimación).

El Hospitalito del Rey se integrará en la red regional de dispositivos de salud mental, en concreto en el área de salud de Toledo.