El Ministerio del Interior ha demostrado no tener ningún interés en que se aclare lo sucedido el pasado 24 de junio en la valla de Melilla, cuando los cuerpos policiales marroquíes en colaboración con los españoles repelieron una avalancha de migrantes con el trágico resultado de 23 muertos y casi 400 heridos.

El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska defendió en su única comparecencia en el Congreso sobre el tema el pasado mes de septiembre que la actuación de las fuerzas de seguridad fue proporcionada, sujeta a la legalidad y enmarcada en un contexto de 'devoluciones en caliente' de 103 personas. Sin embargo, el Defensor del Pueblo contradice esta versión y eleva el número de personas que fueron desterradas a Marruecos a 470 personas en un proceso que, según sus investigaciones, no respetó los procedimientos legales. Asimismo, en las imágenes conocidas puede apreciarse que una parte de los sucesos tuvieron lugar en territorio español y que los heridos no recibieron asistencia sanitaria. De confirmarse las conclusiones del informe del Alto Comisionado, el ministro habría mentido en el Parlamento sobre el incidente más dramático en términos de vidas humanas ocurrido en democracia en las fronteras españolas y el episodio más sangriento en el que han intervenido las fuerzas policiales desde la dictadura de Franco.

El Defensor del Pueblo se ha quejado de que el Ministerio no le ha mandado toda documentación solicitada ni todas las imágenes, al igual que los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que sólo pudieron ver una película editada y no los vídeos grabados en bruto sobre lo ocurrido, una burda estratagema que evidencia la estrategia de obstrucción por parte de este departamento hacia cualquier investigación independiente y de desinformación hacia la opinión pública que aún no conoce ni el alcance de los heridos ni la causa de la muerte de 23 personas.

El ministro no puede seguir parapetándose en medias verdades o en la actuación de las fuerzas policiales que no hacían sino cumplir las órdenes de sus superiores. Sus falacias en el Parlamento y en las declaraciones públicas y su conducta obstructiva sobre los intentos de investigar los hechos siembran la sombra de la duda sobre la verdadera voluntad del Gobierno de esclarecer lo ocurrido y poner en marcha protocolos para mejorar la gestión de una frontera complicada como es la melillense. Pero, además, de confirmarse que este juego de falsedades y engaños se ha producido en sede parlamentaria, Grande-Marlaska queda en una situación insostenible en la que su única salida honrada es la dimisión. Se lo debe a las familias de los fallecidos y heridos que aspiraban a llegar aun territorio de respeto a los derechos humanos, pero también se lo debe a los españoles que quieren que la democracia no tenga zonas oscuras en la frontera.