No es un testaferro fantasma. Incluso su nombre -que en español suena a broma con connotaciones gastronómicas- también es real. San Chin Choon existe. El empresario malasio que trajo desde China el material sanitario con el que Alberto Luceño y Luis Medina se embolsaron seis millones en comisiones abusivas tras pactar una compra con el Ayuntamiento de Madrid, habla por primera vez de todo el escándalo del caso mascarillas. 

El empresario afirma que su parte en la operación «está clara» -el suministro de paquetes de mascarillas, test y guantes por los que el consistorio madrileño pagó 11,9 millones de euros- y asegura estar colaborando con la Justicia. 

«Todo está claro y es limpio. Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones», asegura San Chin Choon, en referencia a Alberto Luceño y Luis Medina, que se presentan como «agentes exclusivos» de Leno y quienes completan el trío de protagonistas de la operación que ahora está sometida a revisión judicial.

Luceño y Medina están imputados por estafa, falsedad y blanqueo en la venta del material sanitario al consistorio madrileño a comienzos de la pandemia a cambio de comisiones de casi seis millones de euros supuestamente pactadas con el malasio, quien insiste repetidamente en la «limpieza» de la transacción, pero no da más detalles. Dice conocer a Luceño desde 2018, pero no a Medina, tras haber hecho negocios previos con el primero en el sector cárnico. 

«Hice todo lo que indicaba el contrato y seguimos los protocolos porque ellos son del Gobierno y había que hacerlo bien. No tengo miedo. No hay ninguna razón por la que yo deba tener miedo», insiste.

Cuando dice «ellos», aclara, se refiere al Consistorio madrileño, receptor del material sanitario enviado por San Chin Choon, quien a su vez lo consiguió a través de proveedores de China.

El empresario se muestra incómodo con la percepción de su rol en la presunta estafa, mientras la Fiscalía Anticorrupción española investiga la veracidad de los contratos y documentos con la firma del malasio, quien en principio pagó las comisiones a los españoles. «Todo tenía mi firma genuina», recalca sin dar más detalles. 

En contra de lo advertido por la Fiscalía Anticorrupción española, que asevera que intentó en vano interrogarlo, tras librar en mayo de 2021 una comisión rogatoria en la que pedía a las autoridades malasias que le llamaran como testigo, el empresario afirma que está colaborando con la investigación. «El año pasado, el Departamento de Investigación de Crímenes Comerciales de Malasia me pidió una entrevista y les di mi respuesta. He enviado la respuesta y he tomado juramento en las 170 páginas».

«Me hicieron 19 preguntas (el mismo número de cuestiones que en principio envió la Fiscalía Anticorrupción española a Malasia), y las he respondido», subraya.

Cuando se le pregunta si está huido, lo niega tajantemente. «No tengo necesidad de huir. Actualmente estoy en Kuala Lumpur».