Hoy ha salido ya la noticia: el Gobierno nombrará a los Magistrados del Tribunal Constitucional si no hay un pacto en el mes de septiembre para renovar el Consejo General del Poder Judicial. A raíz de esta cuestión, les invito a que hagamos un análisis en base a dos premisas. La primera, la reciente condena a Chaves y Griñán en la sentencia de los EREs de Andalucía, por la cual ya se han manifestado en varias ocasiones sobre la posibilidad de recurrirla ante el órgano de marras y, posteriormente, solicitar un indulto del Gobierno, que no sería en principio factible al ser las penas mayores de cinco años de prisión. La segunda, la noticia de hoy, en la que sale publicada la intención de modificar en la parte del Gobierno el Pleno del Tribunal Constitucional. Hacer suposiciones es libre, y a veces arriesgado. Hay quienes afirman categóricamente que la composición del Tribunal va a ser fundamental para la resolución del reciente caso andaluz. No me parece descabellado pensarlo, pero habrá que esperar a que los hechos se materialicen para poder comentarlos, si es que finalmente son así.

Lo que me preocupa de todo esto, más que cualquier cosa, es el hecho de que trascienda a la opinión pública y al ciudadano de a pie que los órganos jurisdiccionales no están integrados por personas de reconocido prestigio, sino por personas puestas en virtud de una mera decisión política. Aunque es cierto que, con la ley actual en la mano, el Tribunal Constitucional está compuesto por cuatro Magistrados a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, lo cierto y verdad es que las personas que lo integran, nos gusten o no sus ideas políticas, son de reconocido prestigio. Puedo decir con orgullo que yo fui alumno de uno de ellos, Enrique Arnaldo, años antes de su designación. Y aprendí, aprendí mucho.

Como iba diciendo, me preocupa mucho que se revista de la imagen de parcialidad a los miembros de este Tribunal, cuya finalidad es desconocida por mucha gente, aún a pesar de que forman parte de una entidad absolutamente necesaria en un Estado constitucional como el nuestro. Si ya es importante el hecho de que los Jueces de instancia y los Magistrados de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sean imparciales —y los que me he cruzado hasta hoy en mi ejercicio lo han sido siempre—, más aún las personas designadas para deliberar sobre el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionalmente reconocidos de los ciudadanos. Pensemos que el Constitucional es un ente independiente del Poder Judicial, aunque se llame "Tribunal", y que sirve como árbitro cualificado en el cumplimiento de las conquistas individuales que los españoles logramos con la Constitución de 1978. Fíjense si tiene vital importancia en nuestro esquema constitucional que, siendo un ente que en términos negativos está separado de los órdenes jurisdiccionales ordinarios, se encuentra en términos positivos únicamente vinculado a la propia Constitución y a la Ley Orgánica que rige su actividad.

Visto así, me parece una falta de respeto por parte del Gobierno que se esté hablando tan a la ligera de los sillones de tan alto Tribunal. Sobre todo porque, de manera indirecta, se juega con los derechos fundamentales y las libertades públicas de cada uno de los españoles. A pesar de que en nuestro país rige la separación de poderes, lo cierto y verdad es que el Poder Ejecutivo está obligado a velar por el desarrollo independiente del Poder Judicial, así como de cuidarse de evitar cualesquiera injerencias que puedan torcer los análisis objetivos de los Jueces y Magistrados,todos constitucionalmente independientes, y cuyos conocimientos y trabajos están al servicio de la justicia y de los ciudadanos. Si de verdad nos jactamos de un país en el que las garantías constitucionales están en boga, y si de verdad queremos un país ejemplar en lo que a la justicia constitucional se refiere, el primer trabajo tenemos que hacerlo quienes no integramos la Carrera Judicial ni formamos parte del Tribunal Constitucional. Y ese trabajo comienza exigiendo a nuestros gobernantes que pongan en valor al Poder Judicial y a la justicia constitucional. De lo contrario, lo único que conseguiremos será un país donde la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político sean solo ideas de salón, y no de acción.