El Ministerio de Agricultura inició esta semana con las comunidades autónomas las reuniones de trabajo para proceder a una nueva redacción del Plan Estratégico, herramienta que ha de servir para ubicar los más de 47.000 millones previstos para España en la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común de 2023 a 2027. El objetivo es proceder a una revisión del contenido y, sobre todo, incluir informaciones adicionales reclamadas por los organismos comunitarios de cara a su aprobación definitiva a finales del segundo trimestre de este año. Bruselas, en su primera lectura, no ha rechazado la propuesta española -de hecho, la valoración ha sido buena-, pero ha echado en falta, a pesar de sus 4.000 folios, concreción. Objetivo de la Administración española es proceder en el plazo más breve posible a corregir esas deficiencias para que el Plan pueda entrar en vigor en enero de 2023.

La elaboración del Plan Estratégico ha sido uno de los trabajos más importantes llevados a cabo por el Ministerio de Agricultura en los últimos años. En su redacción, junto a los técnicos de las Administraciones, participaron medio centenar de asociaciones, organizaciones agrarias generales y sectoriales, cooperativas, industrias agroalimentarias, organizaciones medioambientalistas y, en conjunto, todo tipo de entidades ligadas también al territorio rural.

Este Plan se concreta en una decena de objetivos: lograr un renta viable que garantice el futuro de la actividad de las explotaciones agrarias y una seguridad alimentaria; mejorar la orientación del sector a los mercados y la competitividad; mejorar la posición del campo en la cadena de valor; contribuir a la atenuación del cambio climático; aumentar el uso de energías renovables; contribuir al desarrollo sostenible de los recursos naturales; proteger la biodiversidad y los hábitats; fomentar la incorporación de los jóvenes al campo; incrementar el empleo en el medio; dar una respuesta alimentaria en calidad y volumen; y desarrollar la innovación y la digitalización para la actividad agraria.

España contempla además diferentes compromisos logrados en las conferencias sectoriales, entre los que destacarían las políticas de redistribución de los fondos con mejoras para las primeras hectáreas de una explotación; la convergencia de pagos en una misma región, hoy del 70%, con el compromiso de 85% en 2026 y el 100% en 2029; o el establecimiento de reducción de los pagos a partir de los 60.000 euros de ayudas con el techo en los 100.000 euros y en los 200.000 cuando se apliquen diferentes deducciones, como por el empleo.

Con el objetivo de lograr cuanto antes su aprobación, el Plan se remitió a Bruselas a finales de 2021 para su revisión. En el plazo de tres meses, como estaba previsto, Bruselas ha respondido agradeciendo a España su esfuerzo para la elaboración del mismo, la alta calidad de su contenido, pero a la vez añadiendo un análisis de medio centenar de folios donde se reclama su revisión de contenidos por considerar que algunos no son ajustados y, sobre todo, reclamando más informaciones adicionales.

En su respuesta a España, las autoridades comunitarias señalan, en primer lugar, los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania con los precios de las materias primas disparadas. Ello habría puesto en primera fila la necesidad de ligar la acción sobre el clima y la seguridad alimentaria, la importancia de disponer de un sector agrario fuerte y a la vez una independencia en el uso de abonos inorgánicos, una apuesta por el empleo de energías renovables y el apoyo a la sostenibilidad de los suelos para evitar su degradación.

Sí pero...

Bruselas ha dicho sí al Plan, pero se ha explayado en medio centenar de folios en los que, tras las valoraciones en positivo de las medidas planteadas por la Administración española, hay un «pero». España, dice Bruselas, aunque combina muy bien en su Plan los elementos nacionales y regionales, debería describir de una forma más precisa sus propuestas de intervención con la identificación de necesidades, incluidos los objetivos territoriales. De forma muy especial se reclama una política más coherente para la construcción de la llamada arquitectura verde comunitaria, a la vez que se destaca la existencia de errores en materia de las estrategias en desarrollo rural. En línea con la actual invasión de Ucrania y sus efectos sobre la actividad agraria, Bruselas insta a España a considerar la reducción de la dependencia externa en aspectos como la energía fósil o las materias primas para preservar a largo plazo la viabilidad de las explotaciones agrarias y su capacidad de producción.

Desde Bruselas se valora como una política en positivo la posición española sobre los pagos desacoplados, los topes en los pagos de ayudas, la política redistributiva y los esfuerzos para mover los actuales pagos por derechos históricos. La Comisión insta a España para aumentar sus actuaciones para lograr una reducción de los gases efecto invernadero, especialmente en el caso de las cabañas ganaderas, y además aumentar los esfuerzos para evitar la degradación de los suelos, reducir la erosión o los riegos de desertificación. Se aboga por una mayor economía circular y un mayor uso de nutrientes orgánicos. En la misma línea se reclama otra política para el ahorro de agua.

Bruselas alaba el interés de España para la mejora y defensa del territorio rural de cara a la incorporación de los jóvenes aumentando las ayudas o apoyando planes para mejora del conocimiento y la digitalización. Pero, en todas las iniciativas comunitarias en positivo, la respuesta de la Comisión a España en cada uno de los ejes del Plan es una permanente invitación a la aportación detallada de datos, posibles efectos de cada medida en materias como la orientación de los mercados, la digitalización, la organización posible del sector y su peso en la cadena de valor y muy especialmente en todo lo relacionado con el medio ambiente, el cambio climático, la biodiversidad o el sostenimiento de los suelos.

Del análisis de la posición de Bruselas respecto al Plan Estratégico enviado por España y por las consideraciones hechas desde las autoridades comunitarias se podría concluir que el Pacto Verde o la Arquitectura Verde ya son -y serán más- los ejes dominantes en la Política Agraria en línea con las actuales estrategias. Bruselas tiene claro que así se puede producir más y mejor, aunque ello se ponga en duda o no se comparta por una parte muy importante del sector agrario desde donde se insiste en que va a aumentar la dependencia exterior, perdiendo la UE su autosuficiencia alimentaria.