Una política pública es la política entendida como resultado. Cuando los asuntos de interés privado se convierten en públicos -de todos-, porque generan tensiones y diferencias sociales, se requiere que los poderes públicos intervengan, mediante una política pública, para solucionar esos problemas que son prioritarios para los ciudadanos.
Siendo muy importantes las fases en las que, una vez definido el problema, se establecen los objetivos a alcanzar, se estudian los posibles caminos para llegar a esos objetivos y se decide una de las alternativas, es mucho más decisiva la evaluación de los resultados obtenidos. Es decir, con la evaluación se puede apreciar, analizar, valorar y juzgar el grado de resolución del problema que dio origen a la política pública en cuestión.
Osvaldo Feinstein, un estudioso de la evaluación de políticas públicas, diría que la evaluación «permite vincular lo que sucede con lo que se espera que suceda, determinando el grado en que los objetivos planteados fueron alcanzados, la relevancia de los objetivos planteados, la eficiencia en la utilización de los recursos, la calidad de los servicios prestados y de los procesos llevados a cabo, la sostenibilidad de los resultados, la equidad en la distribución de los resultados y las consecuencias no buscadas de las intervenciones».
La evaluación de las políticas públicas es rendición de cuentas porque permite conocer si las autoridades públicas trabajan con seriedad y eficacia para alcanzar los resultados que se persiguen. Es transparencia porque su publicidad favorece el control de las administraciones públicas y su responsabilidad sobre las decisiones tomadas. La evaluación de las políticas públicas es participación democrática porque aporta información para conformar una opinión fundamentada sobre cómo se satisfacen las demandas ciudadanas con las políticas públicas de los gobiernos.
Con este fin, lleva años el Instituto para la Evaluación de políticas públicas, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, trabajando en procesos sistematizados para la comprensión global de una política pública que permita alcanzar un juicio valorativo, basado en evidencias, respecto de su diseño, su aplicación, su resultado y su efecto. Muchos años, pero con un discreto resultado porque en España la cultura de la evaluación no está muy extendida y, aunque útil, es una herramienta que no suele manejarse para tomar decisiones.  
Así las cosas, cumpliendo con la exigencia de la OCDE y de la UE para que España se dotará de un marco normativo sobre esta materia, el pasado 2 de diciembre se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de la institucionalización de la Evaluación de las Políticas Públicas en la Administración General del Estado que se publicará próximamente en el BOE y cuya finalidad, según expone en su primer artículo, es institucionalizar la evaluación como herramienta de aprendizaje colectivo y organizativo, de mejora del servicio público, rendición de cuentas y transparencia. Además, crea el Mecanismo Rural de Garantía que evaluará específicamente los efectos de las políticas públicas sobre la sociedad y el territorio rural.