La tentación popular puede ser pasar al cobro a "los frugales", los despechos, las acusaciones de vivir por encima de nuestras posibilidades que tuvieron con España como consecuencia de la crisis financiera de 2010, que dejó en nuestro país un reguero de despidos hasta alcanzar los seis millones de parados, la llegada de los 'hombres de negro', el hundimiento de la solvencia de la deuda española. Alemania, Países Bajos, Dinamarca… promovieron el 'austericidio' que originó un sinfín de sufrimientos a los españoles por la vía de los recortes obligados de los servicios sociales, incluida una modificación exprés de la Constitución para que el pago de la deuda prevaleciera sobre cualquier otra consideración de gasto.
Ahora la crisis del gas ruso provocada por la guerra de Ucrania y la amenaza de que el Kremlin corte el suministro de gas hacia la Unión Europea ha llevado a Bruselas a pedir una reducción lineal del consumo de todos los países del 15%, al que se oponen los del sur de Europa donde no hay tanta dependencia del gas ruso porque tienen mayor diversificación de proveedores de gas, con España a la cabeza, debido a que los "frugales" han hecho menos inversiones para diversificar sus fuentes de energía. No se trata, en ningún caso, de devolver agravio por agravio sino de recordar que mantuvieron una posición injusta e interesada y que la solidaridad debe ser el mecanismo de trabajo en el seno de la Unión Europea.
Pero la etapa del poder de la troika parece pasada y la respuesta de Bruselas a la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania, con el establecimiento de los fondos Next Generation y el relajamiento de los requisitos fiscales han abierto una nueva etapa, aunque ya vuelven a escucharse voces que señalaban a España y al sur de Europa como nueva fuente de problemas financieros.
En el caso de la crisis del gas España si ha hecho los deberes en diversificación de proveedores –y más que podría haberlos hecho sin la crisis con Argelia- con buenas infraestructuras gasistas que permitirían aumenta exponencialmente las exportaciones de energía a la Unión Europea a través de Francia –ay, los impedimentos que ha puesto el país vecino- bien mediante el gas, bien ya convertido en energía eléctrica. De hecho, el 20% del gas que recibe España se exporta ya a la UE.
Por estas razones el gobierno de Pedro Sánchez se ha opuesto a la pretensión de Bruselas -y ha encontrado ya socios contra una disminución lineal del consumo- sin explorar otras posibilidades para no perjudicar a ciudadanos e industrias menos dependientes del gas ruso. Para la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera "es indiscutible ayudar a los países que lo están pasando mal", porque la solidaridad debe primar en las relaciones entre los países de la UE, y porque desde el gobierno se pretende no dar la idea de que encabeza un frente del sur contra el norte. Y no se puede negar que en materia de energía las posiciones del Gobierno español en la UE se van abriendo paso, con el reconocimiento de la excepción ibérica, la lógica de su oposición a la reducción del consumo de gas en la "isla ibérica" que no beneficiaría al norte, y el debate sobre una nueva fórmula para fijar el precio de la electricidad.