Mercados abiertos y predecibles, les reclamaba la Directora General de la OMC, Doctora Ngozi Okonjo-Iweala, a los líderes del G-20, mientras informaba sobre las conclusiones del 28º Informe de vigilancia del comercio de la OMC relativas a las medidas comerciales establecidas por los países del G-20, publicado el 14 de noviembre.
Este informe pone en evidencia que, fundamentalmente, son los países del G20, las economías más desarrolladas del mundo que representan el 80% del PIB mundial y el 75% del comercio internacional, los responsables de un acusado aumento de restricciones a la exportación -aplicadas, en su mayoría, a los fertilizantes y a los alimentos-, que conducen a la escasez, a la volatilidad de los precios y a la incertidumbre, afectando a la disponibilidad de alimentos en muchos países.
En España, aunque el IPC de octubre se moderó hasta el 7,3% frente al 8,9 % de septiembre, el precio de los alimentos ha aumentado el 15,4 % en términos interanuales, el doble que la inflación general. Este aumento de los precios está provocando una rápida pérdida de poder adquisitivo, particularmente en los hogares más vulnerables, que dedican mayor porcentaje de su renta a la alimentación.
Mientras, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advierte que una política fiscal expansiva, con un aumento desmesurado del gasto público para proporcionar un estímulo generalizado, solo incrementará la presión inflacionista, obligando al BCE a seguir subiendo los tipos de interés hasta lograr que la inflación tienda a converger en el 2%.
Hablando de inflación, y habiéndose celebrado el día de la filosofía la semana pasada, no está de más recordar que fue un filósofo político nacido en Talavera de la Reina en 1536, el jesuita Juan de Mariana, el primero que estableció una clara relación entre el incremento de la masa monetaria y la subida de los precios.  En su obra Teoría y discurso sobre la moneda de vellón, cuyo título latino fue De monetae mutatione, denunciaba el efecto perverso de la política monetaria llevada a cabo por Felipe III y su valido el Duque de Lerma, al devaluar la moneda de vellón. Mediante orden real de 1602, la moneda de vellón dejo de llevar plata, pero sin alterar su valor legal, con el fin de acuñar en grandes cantidades esta moneda, de simple cobre y, por tanto, con menor valor intrínseco.
Mariana cuestionaba la legitimidad de los reyes para disponer de los bienes de sus ciudadanos sin su consentimiento, puesto que la manipulación de la moneda y su repentina abundancia condujo a una fuerte inflación que empobreció al pueblo. Con ello abordaba una teoría impositiva. Considerando que la devaluación de la moneda era igual que un impuesto, ya que supuso la apropiación de la propiedad de sus súbditos, recordaba al rey que los impuestos deben consultarse en las Cortes.
Por ello fue acusado, iniciándosele un proceso, por orden del mismo rey, que le condujo a la reclusión forzosa en una celda del Convento de San Francisco en Madrid durante unos cuantos largos meses.