Siempre he creído que hay que huir de las respuestas precipitadas cuando se carece de la información necesaria para valorar cualquier aspecto que pasa frente a nosotros. En los últimos días, he observado con perplejidad aquellos análisis que se realizaban sobres las revisiones de penas producidas como consecuencia de la aplicación de Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del sí es sí, que respondían sinceramente más a un ánimo de hostigar, e incluso linchar, a la ministra Irene Montero, que en conocer la verdad que encerraba el debate sobre la aplicación de la misma.
Sin duda, la controversia que pasaba ante nuestros ojos, rápidamente se convirtió en una tormenta política que, primeramente, dejaba en la más absoluta soledad a la ministra Irene Montero, salvo por las palabras del presidente del Gobierno, que de manera sosegada, en medio de esa vorágine suscitada por esa disparidad de criterio, apelaban a la necesidad de unificar el criterio judicial. No obstante, como en política no hay nada escrito, la temeridad y los despropósitos en sede parlamentaria que lanzó una 'portavoza del odio' hizo resurgir a la dirigente de Podemos cual Ave Fénix. Ante el dilema suscitado por las contradicciones de los órganos judiciales encargados de valorar las primeras solicitudes, ciertamente era, al menos, el beneficio de la duda lo que correspondía, en lugar de cuestionar con dureza las capacidades de una persona; usando el insulto como argumento político e imputando, en exclusiva, la responsabilidad de una mala técnica jurídica a un equipo ministerial. Por cierto, hay que añadir que, a día de hoy, se desconocen, si es que existen, las alternativas aportadas por los autores y autoras de tales comentarios insidiosos. Comentarios que en, muchos casos, caen en la más profunda contradicción argumentativa ya que, durante la tramitación del proyecto alertaron de que la norma, que ahora, según ellos, deja impune los delitos sexuales, iba a servir, por su dureza, para encarcelar a todos los hombres.
Resulta evidente que la prudencia también escasea en las opiniones de aquellos que presumen de moderación, porque lo que realmente buscan no es el interés general, sino sacar rédito político por medio de la alarma social. Al menos, debían haber esperado a conocer el criterio de la Fiscalía General Judicial que, con el acuerdo y las aportación de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, y los fiscales de sala jefes de la Sección Penal del Tribunal Supremo, y ante el Tribunal Constitucional, consideran que no proceden las revisiones que sean susceptibles de ser impuestas en la horquilla de penas establecidas con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma.
Hay que reconocer que la respuesta del Ministerio de Igualdad, poniendo el foco en la falta de formación en género de algunos jueces y fiscales, también fue inoportuna e injustificada, porque, aún siendo cierto que la nueva norma endurece las penas con carácter general para proteger a las mujeres, sí existe una controversia jurídica con respecto al modo de operar en supuestos en los que los condenados, en el ejercicio de sus derechos, entendiesen que esta norma les es más favorable. No obstante, la rápida respuesta desproporcionada y corporativa de parte del mundo de la judicatura, echando más leña al fuego y participando activamente en lo que ya había derivado en un debate político tóxico, puso nuevamente en cuestión la imparcialidad e independencia, que se le presupone a la judicatura, que por muchas razones, últimamente se encuentra indeseablemente cuestionada.  Además, la hemeroteca nos muestra que esta no es la primera ocasión en la que se pone en cuestión la labor interpretativa de los operadores jurídicos a la hora de aplicar una reforma legislativa, y un ejemplo de ello, fue el cuestionamiento que hizo el PP por la revisión de sentencias a grandes narcotraficantes como consecuencia de la reforma operada en 2014 con la supresión de la llamada justicia universal.
En definitiva, en relación con los hechos anteriormente expuestos y ante la necesidad de una mayor protección de las mujeres, como ha quedado nuevamente demostrado como consecuencia de las denuncias de las múltiples violencias machistas, puestas en evidencia un 25-N más, es preciso que las instituciones sigan trabajando en la puesta en marcha de buenas leyes, como la del sí es sí, tan injustamente cuestionada. En este sentido, en la sociedad de la inmediatez, en la que estamos inmersos y de la que ni siquiera escapan los representantes de las más altas instituciones, no es sólo preciso reivindicar, sino también hacerlo de mano de la prudencia; una virtud que demuestra la madurez y la capacidad de discernir, frente a tanto atolondramiento injustificado.