La condena a un agresor sexual de Ciudad Real, ha sido la primera revisada y rebajada en Castilla-La Mancha desde la entrada en vigor de la Ley del 'solo sí es sí'. Fue condenado a nueve años de prisión y tras la revisión se le rebaja un año, hasta acumular ocho de condena. «No podemos consentir que ningún violador o agresor sexual se beneficie de esta norma», ha vuelto a insistir este viernes la consejera de Igualdad desde las Cortes regionales, donde ha vuelto a pedir a la ministra, Irene Montero, que «reflexione» y que ponga solución a este problema.

La reducción no implica cambios en el resto de la pena inicialmente acordada, por lo que se mantiene la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, o lugar de trabajo a una distancia inferior a 300 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante 10 años, así como a someterse a programas formativos de educación sexual en tal plazo, en la forma que viene impuesta. Es la primera, «no sabremos si habrá más, pero se ha reducido la sentencia a una agresión sexual», explicaba la consejera en rueda de prensa antes de intervenir en la Comisión de Presupuestos de la Junta en la que explicaba la partida de su consejería.

Los fundamentos aplicados en esta reducción vienen marcados por los cambios de la ley del 'solo sí es sí', que «en términos generales es magnífica» , matiza Fernández, pero que en la cuestión de la revisión de penas «se ha metido la pata y hay que sacarla».

Explica Fernández que en algunos supuestos se han rebajado las penas mínimas e incluso también las máximas, a la hora de hacer la distinción entre agresión sexual o abuso sexual, algo que tiene que ser revisado porque «nadie quiere en este país que se rebajen las penas a los violadores», en todo caso»endurecerlas, porque eso era lo que pedía la calle». Considera que la ministra no busca una rebaja de penas ni tampoco el Gobierno de España, «si estamos de acuerdo en esto, vamos a hacerlo cuanto antes».

El PP avisa de «desprotección»

Desde el PP, la diputada María Roldán se ha quejado de la «desprotección» de las mujeres en este país, considerando que es «muy duro» saber que hay una rebaja de pena en la región tras la aprobación de la Ley. Ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero porque considera que cuando hay un político que no admite sus actos, pero además echa la culpa a otros, «debe dimitir». Considera que desde el Gobierno regional deben condenar las palabras de la ministra porque de lo contrario «se están poniendo de perfil». Matiza que desde este jueves se han conocido al menos 15 rectificaciones de condena. «Las mujeres que han sufrido estas agresiones están temblando», lamenta Roldán quien cree que los diputados 'socialistas' en el Congreso han contribuido con su voto a que los agresores sexuales «salgan antes de la cárcel».

Ciudadanos pide actuación inmediata

Desde Ciudadanos, la diputada Elena Jaime, cree que es «intolerable el ataque que se está haciendo a nuestro poder judicial» por parte de los responsables del Ministerio de Igualdad. Recuerda Jaime que desde su grupo también se presentaron alegaciones al borrador de la ley. Ahora no piden reflexión al gobierno, «pedimos una rectificación inmediata», para que ninguna pena se pueda rebajar.

La consejera de igualdad, tras escuchar las intervenciones de sus compañeras, volvía a insistir en su petición al Gobierno central para que actúen y que «se revise la ley al alza». Respondiendo a Roldán, considera que «no he pedido la dimisión de nadie nunca como gobierno. No lo hemos hecho nunca», sentenció Fernández.

Podemos pide no paralizar los avances

El coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón solicita a la Junta, que «no paralice los avances feministas» impulsados desde el Gobierno de España y lamentaba que el ejecutivo de García-Page, «al igual que con la ley del aborto, pretenda el incumplimiento de la ley 'solo sí es sí' en nuestra región, coartando con ello los derechos y libertades de todas las castellanomanchegas». La portavoz de la Junta, Blanca Fernández, le recordaba que el objetivo es «proteger a las víctimas» que se trata de una buena ley en su conjunto, pero con un error concreto, por lo que su petición de soluciones no responde a «una cuestión política, es cuestión de proteger a las víctimas».