La decisión de Francia de planificar una destilación vínica para reducir excedentes en dos fases, una en verano, otra en octubre, con las que desatascar los depósitos por el parón comercial de estos meses, lanza desde luego a los operadores y al mercado un mensaje nítido para evitar la especulación ante el frenazo del consumo por la crisis económica.
En este sentido, en febrero supimos que el Estado francés invertirá un máximo de 160 millones de euros para activar la 'quema' con una primera partida de 40 millones de créditos nacionales, que se complementarían con otros 40 de la dotación pública europea que viene por la vía del FEOGA, según explicó su ministro de Agricultura, Marc Fresneu.
El acuerdo representa una estrategia clara para evitar el hundimiento de los precios, según sea la evolución que aquí siguen de cerca todas las regiones productoras con partidas pendientes de vino en sus bodegas, antes de que se conviertan en un verdadero problema. De momento, según el MAPA, las cotizaciones son un 8% más bajas.
En España, la mayor presión viene de la comunidad vecina de Extremadura donde estos días, el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado receptivo a apoyar la destilación ante la Comisión si finalmente Francia traslada la urgencia al Ejecutivo comunitario. Aunque también recordó que la primera opción es la vendimia en verde que está en marcha para la que se ha previsto un presupuesto de 15 millones de euros.
   Efectivamente, en un mes, desde el 17 de abril se abrirá el plazo de solicitud de esta cosecha que, en la región, la propia consejería de Agricultura ha acotado a 5.000 hectáreas que podrían representar unos 300.000 hectolitros de vino menos. En principio, no parece un volumen muy determinante para las casi 500.000 ha que tenemos, pero esas son las cifras.
La situación más parecida a la actual fue el año de la pandemia. Entonces fueron causas sobrevenidas por la crisis del coronavirus tras el cierre del canal de la restauración y de los catering (Horeca) aunque nuestras cooperativas vendieron más granel porque creció el consumo en el canal de la distribución por el tirón de los hogares.
Sin embargo, aquellas largas semanas de confinamiento y de suspensión de las actividades no esenciales propiciaron que el sector tuviera que tirar del presupuesto del PASVE (Programa de Apoyo al Vino) para recalcular las partidas no gastadas de reestructuración o de promoción en terceros países, y poder arañar al final unos 90 millones de euros que sirvieron para asignar ayudas al almacenamiento de vinos embotellados, destilar una parte de los stock, y poner en marcha la vendimia verde. Era la primera vez que se pagaba por destruir racimos.
Diez años atrás, el sector tuvo que encarar también la peor crisis comercial de su historia ante el exceso de uva por una primavera muy lluviosa. Entonces se cosecharon más de 50 millones de hectolitros en todo el país para los que se pidió una destilación de crisis urgente. Y aquella presión desencadenó finalmente en la creación de la actual Interprofesional del Vino de España, (OIVE) que desde ese día tendría la responsabilidad de anticiparse a estos problemas.
Una década después, productores e industriales saben que algunas soluciones no siempre estarán en la intervención pública, ni en el dinero asignado por Bruselas que, por suerte, sigue teniendo a su disposición a razón de unos 208 millones anuales aunque previstos inicialmente para otro fin, no para el rescate.
Con todo, los próximos meses serán decisivos para saber si dicha Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) tendrá que asumir la factura de una hipotética destilación que, en Castilla -La Mancha, pocos defienden a día de hoy.