Algo le hizo salir de casa de madrugada. Todavía no se sabe qué, pero un día después de su desaparición su cuerpo se hallaba envuelto de los pies a la cabeza con una bolsa de plástico negro transparente, a modo de mortaja, tirado cerca de un río, en una carretera de tierra a las afueras de Cualiacán, un estado al norte de Sinaloa. La autopsia confirmó que una serie de golpes le provocaron un traumatismo craneoencefálico que acabó con su vida. Luis Enrique Ramírez, de 59 años, trabajaba como columnista en El Debate y estaba considerado como uno de los periodistas más relevantes de México tras haber logrado 14 premios a lo largo de su prolífica carrera, en la que trabajó en varios medios de tirada nacional, agencias de noticias, publicó dos libros, La muela del juicio y La ingobernable, y lanzó el diario digital Fuentes Fidedignas.
Diez años antes, Ramírez, que incluso llegó a abandonar la zona en la que residía, había avisado de que se sentía intimidado  y, tras la muerte de otros cuatro compañeros de profesión, admitió que su vida corría peligro y que él era el siguiente en esa macabra lista. Su último artículo señalaba un hecho acontecido hace tiempo, en el que aparecían como protagonistas un afamado empresario propietario de un equipo de fútbol y un influyente político. La violencia volvía a golpear a la libertad de prensa en un país en el que desde finales de 2018, con la llegada de López Obrador al poder, se han registrado 1.945 agresiones contra la prensa, notificándose más de una treintena de asesinatos.  
Cuando aún estaba reciente la trágica muerte de Ramírez y se registraban protestas contra la impunidad de los autores y promotores del homicidio, al tiempo que se reclamaba una investigación rigurosa para esclarecer los hechos, el martes Yessenia Mollinedo, directora del medio El veraz, y la fotógrafa Sheila Johana García eran asesinadas a tiros cuando se encontraban dentro de su vehículo en el aparcamiento de una tienda de autoservicio en el sur de Veracruz. Dos hombres armados se acercaron hasta ellas y descerrajaron varios disparos a bocajarro. García perdió la vida allí mismo, mientras que Mollinedo fue trasladada hasta el hospital más cercano, donde nada se pudo hacer para salvarla. La muerte de ambas periodistas eleva a 11 el funesto balance de profesionales asesinados en México sólo en lo que llevamos de año, 150 desde el 2000 -la mayoría sin resolver-, lo que pone de manifiesto un tremendo problema, enquistado y vinculado directamente con la corrupción y el narcotráfico.
Reporteros sin Fronteras lleva años denunciando la situación que se vive en México, un país que en estos momentos es el más peligroso para desarrollar la labor de periodista. Mientras los gobiernos sostienen que la mayoría de estos ataques los lleva a cabo el crimen organizado, la realidad es que las ententes criminales surgidas entre políticos y policías comprados suelen ser las responsables de estos execrables actos. La impotencia es enorme. La lacra llega a instancias tan altas del Estado que las investigaciones se terminan difuminando, quedando impunes los verdaderos impulsores, lo que acaba empujando a la sociedad civil a asumir casi como algo natural que se registren estos ataques, en muchas ocasiones acompañados por virulentas campañas de difamación basadas en las fake news, perpetrados con una vileza extrema y enfocados a silenciar a los profesionales de los medios de comunicación. Esta enfermiza violencia contra la prensa tiene una derivada muy peligrosa y es que el miedo a perder la vida puede llevar aparejado la autocensura. Es un endemoniado círculo vicioso.   
El pasado año, según los datos recogidos por el Instituto Internacional de Prensa (IPI), 45 periodistas murieron al ejercer su profesión, situando a México como el Estado más inseguro del mundo para los reporteros, por delante de países como India, Afganistán o la República Democrática del Congo. Es indudable que la seguridad de los periodistas en el país azteca se ha convertido en un desafío global cuya solución pasa porque las autoridades asuman el reto, depuren responsabilidades a todos los niveles y se centren de manera decidida en poner fin a la impunidad de estos crímenes.
Armando Linares, máximo responsable de la web de noticias Monitor Michoacán, había denunciado amenazas de muerte. Se sentía observado a cada paso que daba, mucho más después de denunciar el asesinato de otro compañero y de escribir varios artículos que incomodaban a los poderes fácticos. El Gobierno Federal anunció que se haría cargo de su seguridad, pero días después, el pasado 15 de marzo, fue acribillado. En esta ocasión, sí detuvieron al hombre que empuñó el arma, pero nada se sabe de los hostigadores.  
El periodismo debería ser uno de los pilares del sistema democrático. Es fundamental que los profesionales puedan ejercer su desempeño de forma libre y, sobre todo, segura. México debe actuar con firmeza ante estos ataques contra la libertad de expresión que fomentan una sociedad cada día más enferma.