En puridad no se debería hablar de debate al referirnos a la sesión del martes en el Senado. Un cara a cara en el que el presidente del Gobierno dispone de tiempo sin límite mientras que el jefe de la oposición tiene asignadas dos tandas de quince minutos y debe mendigar algunos minutos más a un presidente de la Cámara que no disimula con quien juega el partido, no es un debate.
El formato barra libre para uno y encorsetado para los demás, aboca a una condensación de argumentos sin margen real para las réplicas a quienes compiten con una mano atada a la espalda. En la sesión del martes, durante la primera y larga intervención de Pedro Sánchez, se volvió a escuchar parte del discurso que ya había colocado en el debate que tuvo lugar en el mes de septiembre.
Alberto Núñez Feijóo, que venía con la lección aprendida de casa, a la vista de la limitación de tiempo que impone el Reglamento, pasó al ataque desde la primera palabra. Alertado por el recuerdo de aquella loa a la gestión del Gobierno qué, como digo, volvió a repetirse, en esta ocasión, Feijóo asestó media docena de golpes dialécticos dirigidos a algunos de los puntos débiles de Sánchez: su falta de credibilidad, las alianzas con los separatistas y Bildu, la tolerancia con el incumplimiento en Cataluña de la sentencia del 25% de la enseñanza en castellano o, pegado a la cuestión de estos días, la dudosa solvencia de las cuentas presentadas en el Proyecto de Presupuestos que, según el dictamen del varios organismos como el Banco de España o la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), contradicen las previsiones del Gobierno.
Pedro Sánchez -menos agresivo que en el debate de septiembre- trató de acorralar a Feijóo con varias preguntas de "sí" o "no" referidas a si estaba de acuerdo en subir las pensiones con arreglo al índice del coste de la vida o sí era partidario de un impuesto a las grandes empresas y corporaciones bancarias. Feijóo pidió un tiempo adicional para poder contestar. Pero el presidente del Senado, Ander Gil -nada que ver con alguno de sus antecesores y correligionarios como Javier Rojo o Juan José Laborda- no concedió la prórroga. Fue una lástima porque, por mucho Reglamento y mucho acuerdo de la Mesa que se pueda invocar, no tiene sentido que para una o dos ocasiones en las que el Senado puede acreditar su utilidad pública, resulta que no es posible. A la postre fue un debate a medias que se recordará porque por primera vez en mucho tiempo no salió a colación la procelosa renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Señal que permite interpretar que la cosa va por buen camino. Ojalá que así sea.