El Gobierno dio ayer luz verde al texto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, entre otros aspectos, incentivará la enseñanza en catalán al fijar una financiación adicional para los centros que impartan programas en lenguas cooficiales.

El documento, que deroga la normativa aprobada hace dos décadas por José María Aznar y que supone la tercera reforma universitaria en democracia, busca remediar la infrafinanciación que arrastra desde la crisis de 2008.

Así, una de las novedades de la conocida como Ley Subirats es el compromiso mínimo de gasto en universidades del 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone un incremento en relación a los datos actuales, que rondan el 0,7 por ciento del PIB, si bien no aclara el horizonte temporal en el que se alcanzará dicho porcentaje.

Pero, además, se da la circunstancia de que la pluralidad lingüística en los campus será también objeto de financiación, por lo que la nueva norma supone un fomento a las clases impartidas en lenguas cooficiales, como el catalán.

No es la única novedad que incluye la reforma, que deberá pasar ahora su trámite parlamentario para su entrada en vigor, prevista para el primer semestre de 2023.

Entre las innovaciones introducidas también contempla mejoras en cuanto a la precariedad y formación de los docentes. Así, la reforma prevé convertir las plazas temporales del profesorado asociado en indefinidas, medida con las que se beneficiarán más de 25.000 maestros y que supondrá una reducción de la temporalidad del 40 por ciento actual al 8 por ciento.

Asimismo, otro de los cambios se refiere a la formación para dar respuesta a las necesidades competenciales en la edad adulta. Además, la LOSU propone establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador para favorecer el acceso de las mujeres.

extranjeros. Por otro lado, el texto establece que se dará facilidad a los alumnos extranjeros quienes, una vez finalizados sus estudios, podrán permanecer en España durante un período máximo improrrogable de dos años para buscar un empleo o emprender un proyecto empresarial.