La actividad judicial mira con lupa los delitos sexuales entre menores desde hace años. No es la primera vez que estos casos llaman la atención de los jueces y de los fiscales, pero estos últimos vuelven a poner el foco en las agresiones y abusos sexuales cometidos por menores de edad por su notable incremento en los últimos años, el crecimiento de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2021, publicada la semana pasada, hace hincapié en esta problemática que continúa multiplicando la estadística. Sin ir más lejos, el año pasado se incoaron un total de 2.600 procedimientos sobre delitos sexuales protagonizados por menores en España, una cifra que confirma que se han duplicado en los últimos cinco años. 

En este caso, el aumento generalizado no se traduce en cifras llamativas en la provincia de Toledo a pesar de que también han crecido en 2021 en comparación con el año anterior. Los datos contabilizan 5 agresiones sexuales, cuatro más que en 2020, y 7 abusos sexuales, la misma cifra en ambos ejercicios. Si bien, la Memoria de Fiscalía General del Estado subraya en rojo la naturaleza de estos abusos cometidos en 2021 por el hecho de que se consideran incestuosos al haber sido consumados entre hermanos. 

En general, los fiscales de varias provincias plantean la posibilidad de que este incremento de estos delitos obedezca a un «aprendizaje desviado» ligado a «al acceso a la pornografÍa en dispositivos móviles desde edades impúberes». El comportamiento «altamente sexualizado» de los adolescentes lleva años en alerta dentro de los juzgados a pesar de que la cifra de delitos sea muy inferior a la cometida por la población adulta. Al respecto, el juez decano de Toledo, a su vez también juez de Menores, lleva tiempo apuntando el aumento, a pesar de que en la provincia de Toledo continúen siendo casos puntuales, y llamando la atención sobre la necesidad de mirar con atención y poner buenas bases en la ducación sexual para evitar posibles delitos de esta naturaleza.

En este documento la Fiscalía de Granada considera, sin ir más lejos, «la contradicción que supone dictar normas reguladoras de los contenidos de esta clase en los ‹Mass media›, mientras que, a la par, no existen protocolos para tratar de impedir el acceso de los menores a páginas web pornográficas».

Esta misma postura también la pusieron de manifiesto hace un par de años las fiscalías de Toledo, Madrid o Jerez y distintas asociaciones orientadas a los adolescentes. 

En concreto, la Fundación Luz Casanova planteó hace un par de años la situación y dejó entrever que la problemática puede desencadenarse si los menores «emulan estereotipos procedentes del consumo de pornografía on line» porque resulta de fácil acceso. También el tema alcanzó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que publicó en pleno confinamiento, una serie de recomendaciones para garantizar el buen uso de internet por parte de los adolescentes y evitar el consumo «de contenido inadecuado».

Problemática. Las fiscalías territoriales resaltan que este tipo de delitos vienen acompañados de «casuísticas variadas de una realidad muy compleja» que afecta a la resolución judicial. Algunos casos empiezan calificados como agresiones sexuales y terminan siendo abusos, otros muchos no consiguen sentencia condenatoria por falta de pruebas, en concreto, existe una problemática añadida con el consumo de sustancias y de alcohol, ya que complica conocer «el límite del consentimiento».