El juez dicta que el juicio sea a puerta cerrada por los hijos

J.M.
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Fiscalía y acusación particular pedían que las sesiones fueran abiertas, excepto el testimonio de la hija. La defensa reclamaba la puerta cerrada por proteger a los menores

El juez dicta que el juicio sea a puerta cerrada por los hijos - Foto: Yolanda Lancha

Dani estaba muy preocupado ayer por su rostro. Por que no se viera. Y llegó tapado con una capucha a las puertas de la Audiencia Provincial poco antes de las 10 de la mañana. Y subió al banquillo con la misma protección y con una mascarilla. Ya ante los jueces y el jurado popular, dejó ver su calvicie y sus canas. Minutos después, el juez Pedro Javier Belda, de la sección segunda, ordenaba que el juicio fuera a puerta cerrada. De tal manera, los medios de comunicación quedaban separados del seguimiento por internet de las cuatro sesiones previstas.

El juez escuchó primero a las partes. La Fiscalía y la acusación particular coincidían en que el juicio fuera a puerta abierta, excepto la testifical de la hija de Dani y Liliana. Dani mató presuntamente a puñaladas a Liliana, su exesposa, en La Puebla de Almoradiel.

Por su parte, la defensa pedía que el juicio completo se desarrollara a puerta cerrada para proteger a los dos hijos de la pareja. El jurado popular no se pronunció. Con todo ello, el juez tomó la decisión de cesar la publicidad del juicio porque antepone el superior interés de los menores. Por la posible revelación de la identidad.

La acusación. La Audiencia Provincial juzga a Dani D. M. como presunto autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento en el ámbito de violencia de género contra su expareja en La Puebla de Almoradiel. La Fiscalía Provincial pide 25 años de prisión.

Acusado y víctima, ambos de origen rumano, se casaron en 1995 y se divorciaron en 2011 por un juzgado de su país natal. La pareja tuvo dos hijos. Aun divorciados, los padres convivían con ellos el día de los hechos en el domicilio familiar de la calle Viriato. También estaba la madre de Dani.

Entre las 22 y las 23:59 horas del 21 de enero de 2020, Dani y Liliana empezaron una discusión en presencia de su hija porque la mujer quería que el hombre se fuera de la casa junto con su madre. Entonces, según la acusación de la Fiscalía, el procesado cogió un cuchillo de cocina y propinó una puñalada por la espalda a la víctima, que había intentado protegerse. A continuación, continuó con más puñaladas en el tórax, el antebrazo, la mano derecha, la mano izquierda y en la pierna izquierda.

Liliana falleció entre las 22 y las 23:59 horas a causa de un 'shock' hipovolémico causado fundamentalmente por la herida que afectó al corazón en todo su espesor, según detalla la Fiscalía Provincial.

Más tarde, hacia las 00:30 ya del día 22, el procesado llamó al servicio de emergencias 112 diciendo que había apuñalado a la víctima en el corazón. «Cuando desde el 112 ofrecieron ayuda, dijo, con ánimo de prolongar su agonía, que no quería ayuda, que se muriera», afirma la acusación. Minutos después, hacia la una, llamó a una vecina para reconocer que había matado a Liliana. «Porque se iba con moros y negros, y se lo restregaba en la cara, que se había encargado de que estuviera bien muerta», incluye la Fiscalía Provincial sobre las palabras de Dani a la vecina.

Hacia las 10:30 de la mañana del día 22, Dani fue detenido y está en prisión provisional desde el 24 de enero de 2020. Fue condenado anteriormente a 9 meses de prisión por sentencia firme el 9 de abril de 2019 por el Juzgado de lo Penal número 4 de Toledo por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia familiar. La pena fue suspendida ese mismo día durante un periodo de dos años.

La Fiscalía acusa a Dani de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento en el ámbito de violencia de género, con la agravante mixta de parentesco y la agravante de género. Y solicita 25 años de prisión y la privación de la patria potestad respecto de sus hijos menores, así como la prohibición de aproximación y comunicación con ellos o sus tutores durante 35 años.

La Fiscalía pide también que indemnice a los hijos con 200.000 euros para cada uno.