«Cifras inasumibles» y van en aumento. Es la lectura de la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, sobre la estadística anual que ha publicado recientemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las cifras, como suele ser habitual, vuelven a ilustrar la grave problemática de la violencia machista, con un aumento de víctimas y de denuncias el año pasado, y ofrecen una radiografía nítida de la actividad judicial, aunque hay que tener en cuenta que todavía muchas víctimas callan y no denuncian por miedo u otras circunstancias y sus casos siguen invisibilizados a ojos de los tribunales.

Los datos indican un aumento del 10,7% del número de víctimas y del 11,8% en las denuncias en los tribunales españoles durante 2022. Una tendencia que también se reflejó en los juzgados de la provincia de Toledo. El Observatorio indica que 2.095 mujeres sufrieron violencia machista en la provincia de Toledo el año pasado, un 6% más que durante 2021. 

En este caso, las cifras hay que tomarlas con prudencia porque el ámbito judicial es incapaz de identificar todos los casos, pero lo cierto es que cada vez hay más denuncias y más relación con los juzgados, puesto que hubo 174,5 mujeres víctimas al mes de media y un total de 2.523 delitos en 2022, 301 más que el año anterior. Además, es necesario señalar que se produjeron dos homicidios, el de una mujer de 42 años que murió atropellada en Almonacid, y otra joven embarazada de 30 años en Escalona, a la que su expareja asesinó con un arma blanca en diciembre.

Encender la luz en cada caso resulta todavía complejo. «Denunciar es un paso muy difícil para las víctimas de la violencia machista», indica Carmona, que agradece su esfuerzo y les invita a continuar el camino y considera «que las víctimas y la sociedad deben confiar en las instituciones, que están servidas por profesionales formados y volcados en ayudar a las víctimas y a sus hijos e hijas a recuperar sus vidas».

En relación a las denuncias, los juzgados toledanos registraron 2.275 denuncias, 5,7 diarias, lo que s supone un 8,6% más que en 2021, y la mayoría mediante atestados policiales. A pesar de las campañas de sensibilización, todavía se observa la falta de respaldo de los familiares en casos de violencia machista, puesto que únicamente lo denunciaron en 16 atestados policiales. A estas cifras se suman otros 231 atestados con intervención directa de la policía, 77 más que en 2021. 

La estadística también añade información sobre las renuncias de las víctimas a declarar, un derecho reconocido al que se pueden acoger durante el proceso, un motivo constante de preocupación en los juzgados porque en muchos de los casos esta dispensa acaba con el proceso judicial. En 2022 se contabilizaron 177 renuncias, un 62,3% más que el año anterior, lo que supone un 0,08% de las denuncias.

En principio, este indicador debería ir a mejor en consonancia con la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en 2021, ya que ahora las víctimas tienen obligación de declarar si han denunciado y declarado siempre que conozcan y asuman las consecuencias de la denuncia, con lo que la Fiscalía puede contar con un elemento más de prueba y el proceso judicial no tendría que archivarse.

Más datos. Las condenas aportaron datos positivos el año pasado, ya que los tribunales enjuiciaron a 446 personas -444 hombres y dos mujeres- por violencia machista y el 92,1% de los enjuiciados fue condenado por los jueces, un 0,2% más que en 2021. 

Por otra parte, las medidas de protección, tanto civiles como penales, siguen siendo claves para este tipo de delitos. Los juzgados recibieron 582 solicitudes de órdenes de protección, un 20,2% más que en 2021. Si bien, los jueces terminaron adoptando 429 medidas y rechazaron otras 153 órdenes de protección  porque no cumplían con las medidas exigidas.

Las novedades legislativas van dando frutos, como ocurre con la medida civil de suspensión del régimen de visitas, derivada de la reforma del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor en 2021. La medida está consiguiendo buenas cifras, pero aún queda recorrido, ya que en Toledo se acordaron en 65 casos y la cifra fue significativamente inferior a la de 2021, con 73 suspensiones.