CCOO ha realizado una concentración frente a la sede de Plena Inclusión Castilla- La Mancha para reclamar a las empresas del tercer sector un convenio justo para los docentes de centros de discapacidad. Antonio Romero, responsable del Sector Socioeducativo de la Federación de Enseñanza de CCOO, explica que es una negociación de ámbito estatal de forma que la movilización se ha repetido en otras Comunidades Autónomas.

Reclaman un «convenio justo» que consiste en aplicar lo ya negociado en 2019 con una cláusula de revisión salarial para el IPC de los años 2019 a 2021 pero dice que la patronal se niega y lo quiere renegociar para convertirlo en un nuevo convenio.

Romero recalca que ellos firmaron hace tres años pensado que las administraciones públicas que sostienen estos servicios de atención a la discapacidad presupuestaran los correspondientes incrementos que entregan a estas entidades, por lo tanto durante este tiempo habrían estado recibiendo subvenciones mayores.

Sin embargo no ha repercutido en sus empleados y calcula que si se añade el actual aumento del coste de la vida estos trabajadores están en un 20% menos de salario.

CCOO ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional y esperan que les den la razón ya que el convenio indica que el IPC se debe aplicar aunque no hubiera acuerdo en la mesa de negociación.

Afirma que la situación les preocupa porque en el sector hay 4.000 trabajadores (son 10.000 en toda la región) cobrando el salario mínimo desde 2017 y que también afecta a los servicios de atención a las personas con discapacidad donde los salarios están sin actualizar desde 2019.

Por su parte el secretario regional del CCOO, Paco de la Rosa, lamenta tener que realizar la protesta frente a empresas dedicadas a la atención de la discapacidad que pueden estar haciendo una labor encomiable desde el punto de vista social pero que lo llevan a cabo con una gestión «deplorable» y las condiciones laborales que ofrecen no son dignas.

Subraya que son empresas muy conectadas con las administraciones públicas pero que no cuidan a sus trabajadores que en algunos casos hacen jornadas «abusivas» y pide a la Junta de Comunidades y a su presidente que «eche una mano» a estos trabajadores y que exija a las empresas que aparte de «poner la mano» para recibir subvenciones den a sus empleados lo que es justo, y que los políticos les obliguen a cumplir sus «obligaciones» laborales.