El consejero de Agricultura reunió este miércoles en Toledo a los representantes de las organizaciones agrarias de la región –COAG, UPA, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias– para explicarles el decreto que va a flexibilizar los requisitos y exigencias en la ejecución de inversiones en sus explotaciones, que se hayan visto alterados por la situación actual de crisis.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el martes este decreto de «flexibilización de las normas» que tienen que cumplir los inversores y emprendedores para llevar a cabo esos proyectos. «Vamos a flexibilizar absolutamente todos los requisitos» debido a la situación que se está viviendo con el encarecimiento de los costes de la energía, de las materias primas y las dificultades en los suministros, explicó el consejero Francisco Martínez Arroyo. Así, todos aquellos que estén teniendo dificultades para ejecutar esas inversiones podrán solicitar que no se le exijan esos requisitos de porcentaje mínimo o pedir la ampliación «de manera indefinida»del plazo para la ejecución del proyecto. También mover capital entre las distintas partidas. Deberán solicitar esa modificación del proyecto y argumentar qué lo motiva.

Arroyo avanzó que el decreto se publicará en el DOCM la próxima semana, y beneficiará a agricultura, ganadería, industria agroalimentaria y el mundo rural a través de los grupos de desarrollo rural.

Prioridades. Fue uno de los asuntos a tratar pero no el único, la reunión sirvió para poner encima de la mesa las ayudas que están llegando desde Europa y también del Estado para paliar los efectos de la crisis, como el anticipo al 16 de octubre del 70% de las aydas de la PAC, la conocida posibilidad de sembrar en barbecho, o «la más importante movilización de recursos que ha hecho el Gobierno» para ayudar al sector con 362 millones de euros para toda España.

Arroyo indicó que 169 de ellos serán para el vacuno de leche, partida ya decidida y que se pagará antes del 30 de septiembre, y 193,5 millones que Castilla-LaMancha solicitará al Ministerio que se destine a la ganadería de carne. El consejero no pudo precisar qué cantidad vendrá a la comunidad, pero puso en valor todas las ayudas que ya se están poniendo en marcha desde la Junta, como los 1,4 millones para el vacuno de leche que se van a abonar este mismo mes de abril.

Las organizaciones agrarias mostraron su disposición a seguir trabajando para fijar las prioridades y destino de esas ayudas, conscientes de que hasta el momento ha sido la ganadería una de las más afectadas, agravada por la huelga de transportistas y la falta de piensos.

El secretario general de COAG en la región, Ángel Estanislao Galve, destacó que «vamos a poder aprovechar las ayudas de manera ágil y eficiente», al tratarse de ayudas que «no habíamos tenido nunca» por el volumen para unos sectores «muy necesitados».

Julián Morcillo, presidente regional de UPA, puso sobre la mesa la «necesidad de definir la prioridad», aunque dejó claro que «hay que seguir atendiendo al sector ganadero».

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, puso en valor el esfuerzo que se ha hecho por parte del Ministerio movilizando esos recursos, pero instó a «marcar los tiempos» para avanzar en resolver los problemas que se están dando de determinadas materias primas como el vidrio o la logística, que les impide embotellar o transportar los productos al exterior.

El secretario general de Asaja, José María Fresneda, se mostró más crítico con estas ayudas: «qué menos con una pantemia, una Filomena y una guerra» expresó, y advirtió que las ayudas apenas van a beneficiar a los agricultores y «sí a los especuladores».

Fresneda mostró su deseo de que la Junta hubiera aportado también a los fondos con recursos propios y le dijo al consejero que «no seremos comparsa» aunque mantuvo su disposición a seguir acercando posturas en la definición de esas prioridades.