El Gobierno salva con ayuda de sus socios el decreto energético

Agencias
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La norma sale adelante con el aval de ERC, PNV y Bildu, mientras Vox y Ayuso avanzan que la llevarán al Constitucional. El Ejecutivo logra aprobar también la nueva regulación para los autónomos, la ley del 'solo sí es sí' y la de Ciencia

Tras largas horas de negociaciones y cierta incertidumbre, el Gobierno logró ayer finalmente convalidar el plan de ahorro energético que entró en vigor el pasado 10 de agosto gracias al apoyo de sus principales socios de investidura, que le obligaron a tramitar el texto como proyecto de ley para poder introducir mejoras y enmiendas. 

Como ya habían anunciado, los principales partidos de la oposición -PP, Vox y Cs- votaron en contra, con críticas al proyecto y a la decisión de que su defensa corriera a cargo de la titular de Transportes y no de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, adalid de la iniciativa, que no intervino pese a estar presente toda la sesión plenaria.

El decreto fue convalidado con una holgada mayoría, 187 votos a favor, procedentes del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe y el PRC. Por el contrario, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP y Foro Asturias lo rechazaron, mientras que el BNG se abstuvo.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer en la Cámara Baja. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer en la Cámara Baja. - Foto: Europa PressEl acuerdo del Ejecutivo con sus socios contempla un plazo máximo de un mes para presentar enmiendas, por lo que la norma podría estar aprobada en octubre.

Frente a ello, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su partido presentará su propio plan de ahorro energético, con «políticas energéticas» y no «improvisaciones» como las que, reiteró, se incluyen en esta ley. En este contexto, criticó al presidente Pedro Sánchez que se apoye en el bloque «plurinacional» para aprobarla y no en su formación.

«Lamento que el Gobierno prefiera pactar con Bildu y con Esquerra Republicana antes que con el PP», señaló, al tiempo que advirtió que su partido no está en el bloque «de las mayorías de los partidos que creen en la plurinacionalidad de España», si no en el de «las mayorías de los ciudadanos».

Contundente fue también la jefa del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al poner fecha, el mes de septiembre, a su anunciado recurso ante el Constitucional contra el plan de Moncloa para el ahorro energético. Un paso que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno descartó seguir y que siguen estudiando otras comunidades del PP.

En esta línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, avanzó que su partido acudirá de igual modo al Tribunal de Garantías para intentar tumbar una norma que, a su juicio, atenta contra los derechos de los españoles. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Abascal afirmó que el Gobierno de coalición está «empeñado en traer ruina, despilfarro e inseguridad» al país y anotó que las medidas de ese decreto extiende «las cartillas de racionamiento al campo energético».

Más convalidaciones

El Gobierno logró también sacar adelante más normas pendientes de aprobación, como la nueva regulación para los autónomos, la ley del solo el sí es sí y la de Ciencia, así como la reforma de la ley concursal y la actualización de la legislación básica en materia de incendios forestales, entre otras.En concreto, el Congreso convalidó el decreto del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomos, aprobado el pasado 26 de julio en el Consejo de Ministros, tras meses de negociación entre Moncloa, los agentes sociales y los principales representantes de los trabajadores por cuenta propia, con 260 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones. 

En cuanto a la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como Ley de solo sí es sí', salió adelante con los únicos votos en contra de PP y Vox y la abstención de CUP. La norma se aprueba de forma definitiva un mes después de su paso por el Senado, en donde una enmienda de Junts, apoyada por PP, ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, retrasaba su puesta en marcha.