La semana pasada el Consejo de Ministros procedió a acordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional un 8%, lo que supondrá una cantidad de 1.080 euros, en catorce pagas. Con este incremento, acordado con las organizaciones sindicales mayoritarias; CCOO y UGT, el Gobierno de España cumple, nuevamente, su promesa de acercar el SMI a las retribuciones que establece la Carta Social Europea, que establece que el Salario Mínimo Interprofesional debe superar el 60% del salario medio.
Esta nueva subida no ha estado exenta, como años anteriores, de discursos catastrofistas que vaticinaban aterradores efectos que las medidas sociales iban a tener en la población trabajadora o en la economía general y que, por cierto, han sido desmentidos por los hechos. Además, es obvio que no existe un consenso entre los economistas para acercarse a esta realidad que evidencia que, aun existiendo una subida en los costes en empleo con esta mejora salarial, ésta misma genera unos notorios beneficios derivados por el consumo de estas familias que, ciertamente, produce importantes ganancias en la economía de proximidad y, sobre todo, en los territorios que tradicionalmente tienen una menor renta, como es por ejemplo el ámbito rural, en el que la agricultura o el sector servicios tienen una mayor presencia.
Asimismo, resulta profundamente hipócrita, a la vez que mezquino, que personas con incrementos aún mayores en sus nóminas, como ha sido en caso del presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, que con un aumento de sus retribuciones hasta 380.000 euros anuales, tras años de obtención fraudulenta de las mismas, se atreva a culpabilizar a una mejora en el poder adquisitivo del personal como las empleadas de hogar, -a las que no llega la negociación colectiva-, como las causantes de las posibles plagas bíblicas que, por cierto, algunos desean desde hace años, para dar el finiquito al gobierno de Pedro Sánchez, sin esperar a las urnas.
Con un mínima capacidad de análisis, es más que sonrojante observar que personas que gozan de una posición social privilegiada, que ni siquiera está puesta en cuestión, maquinan falsas tesis para dar cobertura a una ideología extremista que se ceba con los socialmente más débiles, para sostener que la esclavitud salarial es el único sistema capaz de crear empleo infinito y así cuadrar las flamantes cuentas de resultados de las empresas.  
No hay forma más descriptiva para definir este odio de clase a los conciudanos que gozan de una inferior renta, que  el 'se jodan' que regaló Andrea Fabra desde su escaño del Congreso, con la meritocracia propia para tener un acta de diputada que le otorgaba ser la hija del corrupto expresidente de la Diputación de Castellón, mientras se practicaban recortes dolorosísimos en las prestaciones de las personas que habían perdido sus empleos con la crisis financiera, a la misma vez que se aplicaba un rescate millonario a la banca, que financió pelotazos urbanísticos, o se amnistiaba a los defraudadores fiscales.
En resumen, resulta casi obligado que, entre tanto ruido generado en los días precedentes, más por el carnaval político, que por el que inunda en estos días buena parte de nuestras calles y ciudades, fijemos también la mirada, en la merecida mejora de los derechos de estas personas, que, verdaderamente, sí madrugan, cada día, para que el mundo se mueva, y que son invisibles para la totalidad de las decisiones que se adoptan, cada día, bajo la presión de poderosos lobbies, y que, ahora, no sólo se permiten el lujo de ignorarlas, sino que también intentan difamarlas a causa de la justa mejora de sus sueldos.