El sindicato Acaip-UGT ha denunciado que en la tarde del pasado domingo se produjo una situación de extrema peligrosidad en el centro penitenciario de Ocaña II cuando un interno se dirigió de manera amenazante a uno de los funcionarios de servicio. Al acudir para tranquilizar la situación, este interno se abalanzó contra el trabajador del centro empujándolo contra la pared. Tuvo que intervenir otra compañera de servicio a la vez que se solicitaba ayuda al resto de trabajadores. Al interno le secundó en su acción otro preso que intentaba impedir la ayuda a los trabajadores afectados. Ambos internos presentaban signo de intoxicación por algún tipo de sustancia. En el cacheo y requisa posterior se les encontraron pinchos carcelarios de fabricación casera que podrían haberse empleado como armas contra los empleados públicos penitenciarios.

«No se trata de una agresión más, sino de las más graves ocurridas en el centro toledano. En este caso no se han tenido que lamentar lesiones de los trabajadores gracias a su pericia y saber hacer, por lo que no figurarán en las estadísticas oficiales de agresiones a funcionarios de prisiones. Trabajadores que a día de hoy siguen sin tener la consideración de agentes de autoridad. Una ley que lleva paralizada en el congreso desde el mes de marzo y que se acerca el fin de la legislatura sin que se haya llevado a término», señalan desde Acaip-UGT, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias y el sindicato UGT.

Además, desde Acaip-UGT reclaman un verdadero protocolo contra las agresiones que sufren los trabajadores penitenciarios. «El actual se ha mostrado totalmente inoperante ya que no ha servido para reducir el número de agresiones, en su lugar nos encontramos con que el 2022 está siendo el más violento de los últimos 5 años a pesar de la reducción del número de internos que se ha producido», señalan.

Por este motivo, el sindicato mayoritario de prisiones, Acaip-UGT, retira su firma del protocolo específico de agresiones (PEAFA) el pasado mes de julio. «Son necesarias nuevas medidas y que las agresiones a los trabajadores no queden impunes o con una mera sanción administrativa, además es necesario el apoyo y refuerzo que necesitan los trabajadores después de haberse enfrentado y sufrido situaciones de extremada violencia», sentencian.