Con la inflación desbocada, durante las últimas fechas fue noticia el incendio político provocado por la ocurrencia inicial de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de fijar unos precios máximos de venta para una cesta de productos alimentarios básicos y facilitar así la vida de los hogares. La iniciativa sorpresa en el marco de la estrategia política personal de la ministra fue rechazada por carecer de fundamentos legales por parte del propio Gobierno; de la gran distribución por considerarla inviable y contraproducente en una economía libre de mercado; y por miedo desde el sector agrario ante el temor a que, como suele suceder, fueran los agricultores y ganaderos quienes pagaran los platos rotos de la cadena invertida.

Frente a una Ley de la Cadena en vigor por la que se obliga a pagar en origen precios que cubran los costes de producción, y a partir de ahí llegar a un precio final para los consumidores, la propuesta de un proceso a la inversa arrancando con unos precios máximos de venta de los productos agroalimentarios al consumidor final se presentaba como un sinsentido inviable y negativo para el sector agrario y para la industria.

La iniciativa de la acompañante de Podemos en el Gobierno pilló por sorpresa y descolocados a los miembros socialistas, aunque por activa y por pasiva dijeron no y dejaron claro que ese tipo de decisiones, en primer lugar, no son asuntos a plantear solamente por un ministro; y en segundo término, que si fuera el caso, el ministro en cuestión debería tener al menos competencias en la materia, cosa que no tiene Yolanda Díaz. Además de todo esto, se trataba de una iniciativa ilegal en el marco comunitario y no deseable en esta coyuntura.

En su estrategia de buscar acompañantes para su ocurrencia, la ministra logró el apoyo del ministro de Podemos Alberto Garzón, viejo conocido en el sector agrario por sus iniciativas para reducir el consumo de azúcar o de carnes. Descartada la posibilidad de imponer los precios máximos, la ministra buscó la vía del diálogo. Y con el objetivo de vender su ocurrencia, negoció con las organizaciones de la gran distribución, desde donde la respuesta negativa fue aún más contundente. Las empresas de distribución consideraron que un acuerdo de ese tipo era inviable y contraproducente por estimar que partía de un análisis erróneo sobre la formación de los precios y, sobre todo, ineficaz, reclamando en paralelo la puesta en marcha de otras medidas encaminadas a reducir los costes de producción además de bajar el IVA en los productos agroalimentarios.

Desde OCU se apoyaron acciones para reducir el coste de la cesta de la compra, que se habría incrementado en unos 800 euros por hogar, pero se abundó en medidas como rebajas de IVA en ese tipo de productos y apoyos para compensar y reducir costes de producción.

En este deambular de la iniciativa, lo sorprendente es que la ministra no tuviera en su agenda la posición de los productores en el campo y en la industria, asfixiados por los incrementos de costes y las dificultades para repercutir los mismos en el producto final.

La vía del diálogo y la no imposición para sacar adelante este tipo de acuerdos entre producción, industria y distribución no es algo nuevo en el seno de Agricultura, aunque siempre bajo la mirada de Competencia. En la última década se firmaron varios compromisos en el marco de Agricultura, en todos los casos para mejorar las condiciones de compra en origen. Para los anales de la historia ha quedado el acuerdo en 1988, en el marco de la interprofesional láctea, por el que se fijaba un precio para la leche de 0,24 euros por litro para la temporada de invierno y de 0,20 euros por litro para el verano. Eran otros tiempos.

Con la mirada puesta en la mejora de los precios en origen, en el caso de la leche se suscribieron acuerdos en 2012, en 2014 y otro en 2015 con el objetivo de lograr la estabilidad y la sostenibilidad del sector con el compromiso de ofrecer unos precios adecuados, pero sin hacer mención a su importe. En la misma línea se pedía a la distribución no tirar los precios de la leche (bajándolos u ofreciendo leche como oferta regalo por la compra de otros productos) banalizando su imagen. Eran pactos escritos sin cifras. En el caso del aceite de oliva, en 2014 se firmaba un acuerdo similar con los precios sostenibles en el campo como objetivo.

En términos de resultados concretos, se puede decir que la ocurrencia de la ministra Yolanda Díaz ha sido un fracaso total. Sin embargo, no lo habría sido tanto si consideramos que ha llevado a un primer plano el problema de los incrementos de los gastos alimentarios; que desde los consumidores de a pie se coincide en la necesidad de adoptar medidas; y que se ha puesto a la gran distribución en el escenario con la sugerencia de que algo debería hacer por su clientela, además de pedir rebajas del IVA y de diferentes impuestos, más allá de que ya hoy sus márgenes no sean altos debido a la existencia de una gran competencia entre grupos.

En circunstancias normales, otoño ha sido tradicionalmente un periodo en la gran distribución en el que se superponen las diferentes estrategias de cada grupo para animar las compras tras los gastos veraniegos. En esta línea se hallan las políticas de ventas de una serie de productos con precios rebajados, ofertas de dos por uno, de tres por dos… con truco, para atraer a unos consumidores a quienes colocar otros productos a precios muy superiores.

En la situación actual, todo parece indicar que las próximas semanas se podrían intensificar y generalizar -ya han comenzado- las campañas de promociones y de ofertas para no quedarse atrás en la venta de productos agroalimentarios. Y la pregunta a plantear parece obvia: ¿quién va a pagar el coste de la ocurrencia de la ministra para que, sin fijar los precios máximos de venta pretendidos al consumidor, bajen los mismos?

Es muy probable que la distribución ajuste sus márgenes o que haga lo mismo la industria. Pero la realidad es que históricamente ese tipo de estrategias las acaba pagando siempre el productor en el campo, al margen de cuál haya sido sus costes de producción y lo dispuesto en la Ley de la Cadena para no vender por debajo de los mismos.