Casi medio millón de castellano-manchegos están en exclusión social tras la crisis del coronavirus, según el Informe sobre Exclusión Social y Desarrollo Social, elaborado por Foessa para Cáritas. Frente a toda esta difícil realidad, apuntó el técnico de esta Fundación, Thomas Ubrich, «la inmensa mayoría de las familias que sufren situaciones de pobreza o exclusión social se levantan cada mañana con la iniciativa y la fuerza para salir de la situación que están viviendo». Frente a la imagen de pasividad que a veces se transmite, en 7 de cada 10 hogares desfavorecidos la activación es fuerte, ya sea porque consiguen trabajar, estudian o se forman para mejorar su empleabilidad, o participan de programas de los servicios sociales o de entidades del tercer sector.

Además, el informe elaborado para Cáritas reconoce el esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas, «notablemente mayor que en la crisis anterior, con un proceso de refuerzo y transformación de las políticas públicas en marcha». Aunque todavía hay un amplio margen de mejora, por lo que hace nueve propuestas.  

Foessa propone que se mantengan de manera estable las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social, con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. Apuesta por mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, que solo ha alcanzado a un 10 por ciento de personas en situación de pobreza severa en Castilla-La Mancha. En ese sentido, «las Rentas Mínimas autonómicas deben ser complementarias del IMV y servir para ayudar de manera directa a cubrir necesidades vitales de las familias».

 El informe reclama un Estado del Bienestar que dé acceso a los derechos de todas las personas, independientemente a su situación laboral. Ve urgente implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, en los empleos que más afectan a los sectores excluidos. Pide complementos para los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo. Pide que se garantice un sistema de salud público de calidad y un cambio de estrategia en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia; así como políticas frente a la exclusión residencial; superar la brecha educativa provocada por el apagón digital; y avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI, como el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de niños y adolescentes vulnerables y la integración de la población inmigrante.