Es un debate abierto y de triple bifurcación. ¿La prostitución debe regularse, se trata de un ejercicio de libertad personal o simplemente hay que abolirla? La controversia alrededor del trabajo sexual no solo ha tenido lugar en la calle y dentro de los colectivos feministas, sino que también se ha trasladado a los partidos políticos. Históricamente, es un asunto que ha generado división en los partidos de izquierda, entre quienes la enmarcan en el campo de las elecciones personales y los que la consideran como una forma de esclavitud de la mujer.

Esa fractura cobra especial relevancia ante este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dado que el PSOE y Podemos han prometido presentar en breve un borrador de la futura ley de trata con fines de explotación sexual, aunque su tramitación se augura complicada ante la falta de un discurso de consenso.

El Ministerio de Igualdad considera que una ley no acabará con el eterno debate sobre la prostitución y quiere centrarse en dar salidas a las mujeres explotadas, la gran mayoría de ellas extranjeras en situación irregular. El PSOE, sin embargo, quiere una ley claramente abolicionista; prostitución y trata, aseguran las socialistas, son dos caras de la misma moneda.

El departamento que dirige Irene Montero incluyó en el proyecto de ley de garantía de la libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, dos medidas para reforzar la lucha contra el proxenetismo, pero esta semana se abrió a sacarlas de esa norma e incluirlas en la futura ley de trata.

El objetivo era penalizar el proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales para ejercer la prostitución (la tercería locativa), pero en los primeros debates parlamentarios se puso de manifiesto la falta de consenso y varias formaciones que apoyan al Gobierno pidieron borrar esos artículos.

En Comú Podem, ERC, EH Bildu, JxCat o la CUP los rechazaron al considerar que se perjudicaría a las mujeres que ejercen libremente la prostitución como un trabajo voluntario, más que a los dueños de los clubes; y el PNV y Ciudadanos también pidieron tratar el asunto en una ley específica.

Para el PSOE, sin embargo, se quedaban cortos y en sus enmiendas propusieron incluso aumentar las penas para quienes se lucran con un establecimiento en el que se favorece o promueve la prostitución de otra persona, aún contando con su consentimiento.

Cinco millones diarios

La Fiscalía General del Estado también considera que tipificar todas las manifestaciones del proxenetismo es el único modo de vislumbrar «el inicio del camino que conduzca a acabar con la trata de mujeres para ser esclavizadas en la prostitución».

Así lo puso de manifiesto en su memoria de 2019, en la que alertó de que el proxenetismo está en constante expansión y es un negocio boyante que, según cálculos policiales, alcanza unos beneficios diarios que superan los cinco millones de euros, la mayor parte en dinero negro. El Ministerio Público cuestionó a quienes, sin tener en cuenta esos datos, defienden la prostitución como una actividad laboral no reglamentada y a los proxenetas como «empresarios del sexo»; creen que la mujer se prostituye porque quiere, con plena libertad; y apuestan por regular esa «actividad laboral» para proteger sus derechos.

Un 8-m fracturado

La división ante la prostitución se une así a la grieta que ya se abrió en el feminismo ante ley trans, una norma que todavía no ha llegado al Congreso y que permitirá  la autodeterminación del género, permitiendo el cambio del sexo en el registro sin pruebas ni testigos desde los 14 años. Plataformas y organizaciones feministas que consideran que con esa ley se «borra» a las mujeres y se daña la histórica lucha por sus derechos se han organizado este año para celebrar el ocho de marzo sus propias manifestaciones.