Un sistema que da garantías para las personas consumidoras y un plus de servicio para las empresas adheridas. El Ayuntamiento, de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha, va a recuperar este mismo mes el sistema arbitral de consumo, una herramienta alternativa para resolver conflictos entre consumidores y empresas, que es gratuita y rápida. «En el 99 por ciento de los casos se resuelven los conflictos», asegura la concejala de Ciudad Saludable y Consumo Responsable, Marta Ramos, sobre el sistema de arbitraje que ya estuvo vigente hasta su suspensión en 2012.

Los consumidores pueden acudir al sistema arbitral, que permite resolver las diferencias mediante una decisión arbitral, que evitará acudir a la vía judicial. La persona consumidora que no está satisfecha con el servicio o producto prestado, puede formular la solicitud de arbitraje, presentándola en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en los servicios provinciales de consumo de las direcciones provinciales de la Consejería de Sanidad o en las asociaciones de consumidores. Será conveniente que el interesado aporte toda la documentación de la que disponga, tales como facturas, contratos o presupuestos, que permitirán al jurado arbitral pronunciarse.

En este jurado están representados tanto las asociaciones de consumidores como de empresarioas, además de un presidente de la junta arbitral, que recae en una figura independiente. De ser admitida la solicitud de arbitraje, el jurado arbitral dictará resolución en un plazo máximo de 90 días. El laudo dictado será vinculante para ambas partes, en un procedimiento extrajudicial que evitará los engorrosos trámites de pasar por los juzgados. 

En el caso de Talavera, este jurado arbitral ya está constituido y la actividad arrancará durante el presente mes de diciembre. Se trata de un procedimiento totalmente gratuito para las partes, que disponen así de una herramienta rápida y eficaz para llegar a una solución.

En el caso de las empresas, hay que destacar la conveniencia de que se adhieran al sistema de arbitraje, que aportará una garantía añadida a los clientes, por la posibilidad de contar con una vía rápida de resolución de conflictos. Figurar en el censo oficial de empresas adheridas les otorgará la posibilidad de colocar el distintivo  de firma adherida y supondrá un plus reputacional. Para adherirse al sistema arbitral de consumo las empresas pueden solicitarlo acudiendo personalmente a la oficina de la OMIC (calle San Francisco, 16), en el teléfono de la misma (925810000) o por correo electrónico (omic@talavera.org)

«Queremos que los consumidores se sientan protegidos y respaldados por una administración, algo que ya hacemos desde la OMIC de Talavera», explica la concejala del área: «Con este recurso, buscamos que puedan sentirse más tranquilos y seguros, puesto que es una herramienta muy ágil y mucho más sencilla». 

Marta Ramos defiende que la reactivación de este sistema, una década después de que se perdiera, se enmarca dentro de «la apuesta decidida» del equipo de Gobierno por la protección de los consumidores y por un consumo responsable. «Precisamente así se denomina la Concejalía: Consumo Responsable, continuando la hoja de ruta de este Gobierno local en la línea de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible», añade la concejala. 

Diez años después de su suspensión, el Gobierno regional ha recuperado en este 2022 las líneas de ayudas y subvenciones a Consumo, que permiten la puesta en marcha de un sistema con muchas ventajas. A los ayuntamientos de la región llegarán  250.000 euros, con una inversión total de 600.000 euros en la legislatura, que en el caso de Talavera también se han destinado a actividades y talleres relacionados con el consumo que se desarrollan durante todo el año. De hecho, se han estado realizando antes de que se repusieran las ayudas regionales. 

El esfuerzo que el Ayuntamiento de Talavera realiza en materia de consumo se ve reflejado también en que su Centro de Formación al Consumidor 'Agustín Esteban' ha sido el único de Castilla-La Mancha en mantener su actividad durante estos años de ausencia de subvenciones. La región cuenta además desde el año 2019 con el Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, que refuerza las garantías.