Me encantaría tener motivos para hablar bien de este Gobierno -y de la oposición- porque es "mi" Gobierno y cada decisión que toma influye en mi vida económica, social, cultural, etc. En todo. Y me gustaría que la oposición fuera propositiva y nos dijera qué hacer para contrarrestar los errores del Gobierno, en lugar de inventarse becas para quienes no las necesitan. Pero no es fácil. Cada minuto hay nuevas oportunidades para pensar que quienes nos gobiernan nos están haciendo el timo de la estampita y los que deberían controlar tampoco están a lo que deben.
Miren ustedes, el empleo va mejor porque después de la pandemia y a pesar de la guerra en Ucrania, los fondos europeos han permitido una cierta alegría. Pero hay datos más que suficientes para saber que el otoño va a ser duro, no solo para los más vulnerables. Para todos. Y aunque el Gobierno ha tomado medidas -la apuesta por el empleo indefinido, aunque esconda engaños, la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital (IMV) y otras- lo cierto es que España suma más familias con todos los miembros en paro que hace dos años y en la mitad de esas familias, al menos, no hay ningún ingreso porque el IMV ha sido un rotundo fracaso por la incapacidad de la Administración para aplicarlo.
Ahora el presidente del Gobierno nos ha vendido que "va a aprobar 'la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud' y no es verdad porque la decisión es solo la respuesta a una orden conminatoria de la Unión Europea y quienes han hecho el trabajo durante meses, y van a pagar los nuevos sueldos, son las comunidades autónomas. No es el Gobierno el que va a hacer fijos a 67.000 sanitarios. El Gobierno solo marca las líneas legales, el resto carga sobre las autonomías. La precariedad de los funcionarios, la falta de personal en algunos sectores, las trabas sobre su movilidad o la pérdida de poder adquisitivo siguen siendo altísimas y afectan a muchos colectivos, no solo al sanitario, en la Administración Central, en las autonómicas y en las locales. Y si no les obligan no lo resolverán. Ítem más: Sánchez se ha apresurado a decir que tenemos las mejores cifras de empleo y de afiliación a la Seguridad Social -y hay que alegrarse-, pero el dato de empleo en junio es casi el peor en lo que va de siglo.
Este Gobierno ha puesto en marcha una ley que va a poner más trabas al uso de la sanidad privada por la pública, la derivación de pacientes cuando la pública no puede atenderlos. Es una de las medidas impulsadas desde el área de Unidas Podemos -las de la excursión a Nueva York, pagada con nuestro dinero-. Como ha dicho alguien, Podemos, en lugar de buscar una solución a los problemas, crea un problema para cada solución.
Es una hipocresía porque hasta en las prisiones han tenido que recurrir a la sanidad privada porque no tienen médicos para hacerse cargo. Y lo hacen comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia o Baleares, donde los Gobiernos son de distinto, y hasta opuesto color político. Y si quieren más, ¿por qué no se atreve Podemos a eliminar la sanidad privada de la que gozan los funcionarios a través de Muface? Entre otras cosas porque la sanidad pública colapsaría y los funcionarios se lanzarían a la calle y paralizarían la Administración. Ya lo han intentado con la educación concertada, pero, de momento, la rama socialista les ha frenado.
Por otra parte ya se ha anunciado la mayor oferta de empleo público, 45.000 plazas, que tantos están esperando y la nueva Ley de Universidades pretende hacer indefinidos a 25.000 profesores asociados que trabajan entre tres y seis horas a la semana, a lo que se opone la Conferencia de Rectores. La precariedad y la temporalidad son dos de nuestros males, sin duda, pero también lo es la baja productividad, la baja digitalización del país y la falta de incentivos y facilidades para que los emprendedores puedan crear empleo. Al final, todos funcionarios y para toda la vida. El sueño de muchos. Pero ¿quién pagará la factura, la deuda y el déficit crecientes?