La mascarilla en exteriores dejará de ser obligatoria desde el próximo jueves. El Gobierno derogará el real decreto que impone el uso de esta protección en espacios abiertos en el consejo de ministros de mañana, tan solo unos días después de renovar, con polémica y más que discutibles artes políticas, otro texto normativo que prorrogaba la obligatoriedad de llevarla. Quien no apoyó el uso de mascarillas en la calle el pasado martes tuvo que rechazar también la revalorización de las pensiones mínimas con arreglo al IPC y la contratación de médicos y enfermeras jubilados para luchar contra la pandemia. Todo iba en el mismo paquete en la votación del Congreso que permitió al Gobierno no se sabe bien qué con esta treta. Nadie lo ha explicado, pese a las críticas incluso de los socios de investidura. Escapa a cualquier lógica burlarse del parlamentarismo y abusar de un resquicio -como lo fue ese decreto escoba- para aprobar una semana una cosa y la semana que viene la contraria.

La imposición de mascarillas en la calle que entró en vigor el 23 de diciembre, cuando ya arreciaba la sexta ola y las navidades ya estaban planificadas, no obedecía a razones científicas y técnicas. La mayoría de los especialistas en salud pública insistieron entonces en que se trataba de una limitación más cosmética que efectiva. Ahora coinciden, avalados por la tozuda realidad, en su ineficacia. No todas las medidas que se toman tienen que ir de la mano de lo técnico, pero sí es importante que no parezca que van deliberadamente en contra. No se puede hacer mejor si el objetivo es confundir a la ciudadanía. Esto solo genera desconcierto e innecesarias disonancias entre una cada vez más hastiada población, que lo que necesita ahora es que se le explique cuáles son el plan y la estrategia, si es que los hay, para esta fase de la pandemia en la que entramos, y que se dejen de una vez de ocurrencias y de decisiones erráticas.

Aunque en este caso es más preocupante, si cabe, que dañemos la necesaria confianza en las autoridades sanitarias, los bandazos y las improvisaciones solo ayudan al descrédito de la política y son otro ejemplo de la degradación institucional que estamos sufriendo. Este trilerismo desenmascarador ha coincidido en fechas con otros episodios parlamentarios tan poco edificantes como pueden ser desvirtuar una sesión de control al Gobierno con preguntas florero y de autobombo formuladas por los diputados socialistas de Castilla y León en vísperas del 13-F y, sobre todo, la gravedad y bochorno de lo sucedido con la votación de la reforma laboral, que ahora parecen querer tapar con la retirada de las mascarillas. Urge que todos los partidos, pero especialmente quienes gobiernan, pongan fin a este esperpéntico proceso de degeneración y batalla sin cuartel, en el que se han perdido las normas y modales más básicos, y que está corroyendo las bases de nuestra convivencia.