La semana pasada, durante la celebración del Día de Castilla-La Mancha, el presidente, Emiliano García-Page introdujo el debate relativo a la exigencia de segundas lenguas, en algunas Comunidades Autónomas, como criterio excluyente de acceso al empleo público. Dichas declaraciones no tardaron en levantar polémica, ya que enlazan con uno de los aspectos más trascendentales de la identidad personal; el uso de la lengua. En estos tiempos en los que asistimos a una carrera partidista para la usurpación de símbolos, elementos indentitarios y culturales, parece más que razonable analizar si este empeño por el engrandecimiento de las naciones, tanto centralistas como periféricas está, a la misma vez, mermando los derechos de los ciudadanos.
No voy ocultar que me declaro no nacionalista de uno u otro bando, porque soy poco proclive a asumir orígenes mitológicos o falacias que pretendan justificar diferencias de toda índole, carentes de sentido en pleno siglo XXI donde, además, es evidente que la cooperación internacional y supranacional son los únicos instrumentos realmente eficaces para hacer frente a grandes amenazas globales como el cambio climático, las diferentes pandemias o la Guerra de Putin, entre otras.
No obstante, sin ánimo de ponerme trascendental y descendiendo al debate que me ocupa, me parece más que conveniente que, desde un Gobierno como el de Castilla-La Mancha se intenten abordar, de manera sosegada, las posibles disfunciones que pudieran estar generándose, por parte de las normativas de las diferentes comunidades autónomas, al permitir, dentro del territorio español, elementos que menoscaben la libertad de movimiento y la unidad de mercado, o se introduzcan, en comunidades con lenguas cooficiales como Cataluña, País Vasco o Galicia, discriminaciones injustificadas de acceso al empleo público. Por otra parte, es necesario que este debate se aborde de manera constructiva, consensuada y proporcionada, analizando cada uno de los elementos que permitan armonizar todos los derechos que están en juego, para poder disponer de una legislación que permita poder opositar y, posteriormente, acceder al conocimiento y dominio de la lengua de la Comunidad Autónoma y que garantice, al mismo tiempo, que no exista merma alguna en el derecho de los administrados a relacionarse con la lengua que sientan como propia.
Ante este panorama, es preciso huir de la rebeldía en el cumplimiento de sentencias como la relativa a la obligatoriedad de un 25% de enseñanza en Castellano en Cataluña o la injustificada creación de chiringuitos como el de la ridícula Oficina del Español dirigida por Toni Cantó en Madrid y que no tienen otra finalidad que la de confrontar. Así, en materia de educativa, a título de ejemplo, no debería ser imposible alcanzar acuerdos que permitieran tener la suficiente flexibilidad para realizar las adaptaciones necesarias en momentos claves como la primera  escolarización de niños pertenecientes a familias castellanoparlantes desplazadas o la exención en las pruebas de Selectividad de examinarse de la lengua cooficial, para aquel alumnado que haya cursado parte del Bachillerato en otras Comunidades Autónomas.
Es evidente, que el dialogo en materia lingüística empieza a ser apremiante si queremos evitar una confrontación que ponga en riesgo aspectos relacionados con la convivencia, tanto en el seno de las comunidades autónomas, como en el conjunto del Estado.