El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de cumplir tres años con el mandato caducado por la incapacidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo sobre sus nuevos vocales, un punto muerto que, tras la reforma operada para impedir que realizara nombramientos en la cúpula judicial mientras siguiera en funciones, ha abocado a algunas salas del Tribunal Supremo a una situación de «colapso».

En un último esfuerzo negociador, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario General del PP, Teodoro García Egea, entablaron en octubre un nuevo diálogo para renovar los órganos constitucionales cuyo mandato había vencido. Y así lo hicieron con el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, pero el CGPJ sigue pendiente.

El escollo en esta ocasión es el sistema de elección de los 12 vocales procedentes del turno judicial. El PP reclama que primero se cambie la ley, para que los jueces sean elegidos por los propios jueces, y después se proceda a la renovación. El Gobierno, por su parte, no se cierra a una posible reforma pero insiste en que antes se debe designar un CGPJ nuevo. Así las cosas, nadie espera que el acuerdo llegue antes de fin año.

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, no se cansa de denunciar la situación y, con motivo de la apertura del año judicial el pasado 6 de septiembre, hablaba de la «insostenible» situación del órgano de gobierno de los jueces, instando a las fuerzas políticas a que dejen este asunto fuera de la «lucha partidista».

Además, Lesmes advirtió de que la falta de renovación del CGPJ no es solamente un problema para la judicatura, sino también para el conjunto de la sociedad española, ya que «fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial».

En un intento de forzar al PP a renovar el CGPJ, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos impulsaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que quedó aprobada el pasado marzo y que impide que un Consejo en funciones pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial.

El Supremo ya ha dado la voz de alarma, a través del presidente de su Sala de lo Civil, el magistrado Francisco Marín Castán, que en un reciente informe avisó de que resulta «indispensable» incorporar cinco magistrados al gabinete técnico para evitar el «colapso» de esta sala ante la «avalancha» de recursos que se prevé.

Durante la tramitación de dicha reforma, en febrero, populares y socialistas emprendieron una nueva negociación que volvió a descarrilar, pero esta vez por el veto del PP a dos candidatos impulsados por Podemos, José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Desde entonces, el ya exministro de Justicia Juan Carlos Campo aseguró que el acuerdo estaba hecho a falta de que el Partido Popular accediera a hacerlo público, si bien ahora la formación de Casado exige cambiar el sistema de elección.

Europa lleva años alentando una reforma para acercar la legislación española a los estándares continentales, conforme a los cuales al menos la mitad de los vocales del CGPJ deberían ser elegidos por sus pares.

Así, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa lamentó la «falta de un avance positivo» y «tangible» respecto al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, exhortando a España a que acometa su eventual reforma dando «voz» a sus integrantes. 

Por su parte, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, calificó de «anormal» la excesiva interinidad del CGPJ, urgiendo a los partidos políticos a remediarlo mediante «la mejor renovación posible», al tiempo que remarca un «compromiso claro» de que habrá también una reforma del sistema de elección.

Los jueces piden renovar

Las asociaciones judiciales APM, AJFV, JJpD y FJI unieron fuerzas en un comunicado conjunto para poner de manifiesto que el actual bloqueo para la renovación del CGPJ supone «una grave anomalía institucional que debe ser corregida».

Explicaron, además, que están de acuerdo en que es «necesario» reformar el sistema de elección de los vocales judiciales para que sean designados conforme a «un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial».

Asumieron que hay diferencias entre ellas sobre si el sistema vigente debe modificarse «con carácter inmediato o más adelante», si bien en cualquier caso reprocharon a los grupos políticos que aborden el problema de la renovación del CGPJ con «fines exclusivamente partidistas».