Ya es público el 'Libro Blanco Sobre la Reforma Tributaria' que el Gobierno encargó. En sus 788 páginas se da una vuelta a todos los impuestos que componen la cesta a la que contribuimos los contribuyentes españoles. Se plantean reformas en los tipos impositivos del IVA; aumento de tributación sobre combustibles fósiles, dando aún más importancia al queroseno de aviación; aplicar mínimos sobre determinados impuestos cedidos a las comunidades autónomas como es Patrimonio y Donaciones y Sucesiones, etc. etc.
Una vez recibido el documento por parte del Gobierno, la ministra de Hacienda ha declarado que «no es el momento de subir los impuestos» con lo que estamos ante otro trabajo que verá el sueño de los justos en algún cajón, salvo que sirva de base para adoptar alguna medida a corto plazo.
Con un par de semanas de adelanto, un equipo de expertos tributarios, por encargo de la patronal Foment del Treball, entregó su 'Libro Verde para la Reforma Fiscal en España' en el que apunta que, efectivamente, la presión fiscal en España es del 34,8% frente al 40,5% de la eurozona, pero esta menor presión fiscal no es debido a una diferencia en los tipos impositivos de los distintos tributos, si no a la falta de recaudación sobre la economía sumergida. Así, en el caso de que se calcule la presión fiscal, excluyendo la economía sumergida, estaríamos en España en el 45% de presión fiscal. Es decir, la conclusión es que el esfuerzo fiscal del contribuyente español que, si paga sus tributos, estaría por encima de la media europea. Luego, el objetivo debería fijarse en aflorar la economía sumergida, lo que podría suponer un incremento de recaudación de 33.000 millones de euros y aparecerían el equivalente de un millón y medio de puestos de trabajo.
Entre otras cuestiones, hay dos que el Libro Verde propone, la primera es que se suba el mínimo vital en el IRPF para evitar que la subida de los salarios solo redunde en que los trabajadores paguen más impuestos sin que aumente su renta disponible. La segunda es que se elimine el Impuesto sobre el Patrimonio, ya que España es el único país de la Unión Europea que lo mantiene siendo «…un impuesto confiscatorio, que penaliza el ahorro y perjudica la inversión, la competitividad y el crecimiento económico».