La espiral inflacionista parece haber llegado a los salarios en forma de presión del Gobierno a las puertas de una protesta que se aventura masiva mañana por parte de las principales centrales sindicales. El Ejecutivo de Sánchez, en su ala más moderada, solicita una "templada" revisión salarial a la patronal para que los trabajadores no pierdan tanto poder adquisitivo. Sin embargo, la parte más populista encabezada por la vicepresidenta Yolanda Díaz exige una paridad al mismo nivel que la subida de las pensiones, pese a las recomendaciones del Banco de España de no caer en el bucle de un alza de segunda vuelta de los precios.
El dilema para miles de empresas, sobre todo, de aquellos sectores castigados por la subida de los combustibles, energía y materia primas, es cómo afrontar esta cuestión en un contexto de gran incertidumbre económica. La inestabilidad auspiciada por la guerra de Ucrania tiene visos de prolongarse a medio y largo plazo con actores internacionales, como China y Emiratos Árabes, empecinados en sostener las aspiraciones de Moscú para tensionar más las influencias europeas y estadounidenses. Hasta el pasado mes, más de 200.000 compañías subieron los salarios en torno al 5% y se estima que en los siguientes meses se continúe en esa misma línea. Ésa es la reivindicación que enarbolarán CCOO y UGT con el apoyo expreso de Díaz para la cita de este jueves donde se expondrá la generalización de las cláusulas de salvaguarda en los nuevos convenios, es decir, aplicar el mismo porcentaje de la inflación en las nóminas cada año, pese a que el PSOE, en consonancia con de Clos, es más partidario de un pacto de rentas para no prolongar la espiral inflacionista durante 2023. La CEOE va más allá y advierte que un alza salarial homogénea sería "hundir la economía".
En ese juego a los que tiene acostumbrados Moncloa de hacer recomendaciones pero a la vez entrar en contradicciones, anuncia para las próximas semanas una subida récord del salario mínimo interprofesional, que sería la más elevada de toda la legislatura. Con los presupuestos todavía en liza, Sánchez hace encaje de bolillos entre la presión de sus socios por expandir derechos sociales a costa de los ataques a las grandes compañías del IBEX y al mismo tiempo con la amenaza de la deuda pública en máximos históricos. Curiosamente mañana se puede dar la paradoja de que una parte del Ejecutivo avale una reivindicación que debería dirigirse no hacia los empresarios sino hacia el mismo Gobierno que es, en definitiva, quien marca las políticas económicas.