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El Banco de Tierras de CLM se hará con suelo infrautilizado

L.G.E.
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La Junta lo podrá declarar con terrenos en degradación, sin actividad durante años o que perjudican a otros

El Banco de Tierras de CLM se hará con suelo infrautilizado - Foto: Javier Pozo

El Gobierno tiene ya lista la Ley de Agricultura Familiar, que puede ser de las últimas que se aprueben antes de las elecciones de mayo. Con esta normativa se creará el anunciado Banco de Tierras, que la propia normativa define como un registro público de terrenos que gestionará la Consejería para poner en contacto oferta con demanda, es decir para facilitar superficie a agricultores que lo necesitan o que quieran incorporarse al campo. 

De hecho, se especifica entre los objetivos que se buscará sumar a jóvenes y mujeres a este sector, pero que también se pondrá especial atención a desempleados mayores de 45 años para darle una salida. También se persigue así poner en valor parcelas en abandono y facilitar la creación de nuevas explotaciones agrarias. 

¿Y de dónde va a sacar la Junta estas tierras? Para empezar, ya se preveía que las parcelas y fincas que pertenecían a las extinguidas Cámaras Agrarias pasaran a la Consejería para esta finalidad. Pero además se prevé ampliar este registro con las parcelas que se inscriban de manera voluntaria, las que se cedan en un proceso de ayudas a la prejubilación o los sobrantes de concentración parcelaria. Pero la Junta también va a crear una figura nueva para poder hacer este Banco de Tierras, la de la declaración de infrautilización de una parcela. El procedimiento quedará recogido en esta ley, tal y como ya figura en el tercer borrador de este anteproyecto.

Para que una parcela se lleve una declaración de infrautilización tiene que darse alguna de estas circunstancias. Por ejemplo, los suelos tienen que estar en una situación de degradación sin que se hayan puesto medidas correctoras. También puede darse cuando las malas prácticas o un uso incorrecto de la tierra está poniendo en riesgo la cosecha de las colindantes. Otra posibilidad es que sean suelos sin actividad agraria durante tres años seguidos sin que haya una justificación agrónoma o medioambiental.

La Consejería apercibirá al titular de esta posible declaración y el propietario tendrá un plazo para alegar y presentar la documentación que pueda revertir este procedimiento. La resolución no podrá demorarse más de un año.

 Si finalmente se declara como suelo infrautilizado, la Junta hará un seguimiento del mismo, de forma que si pasan tres años y la situación no presenta cambios, ya pasará a formar parte de un inventario de suelo infrautilizado. Todavía el propietario puede hacer que esa parcela salga de dicho inventario, o bien realizando prácticas agroforestales o bien cediéndola a un tercero para su uso. Si pasan dos años en los que una parcela figura en el inventario de suelos infrautilizados, la Junta ya puede hacer el trámite para incorporarla al Banco de Tierras, donde permanecerá entre diez y treinta años. 

Repasando todos los pasos del proceso, tal y como se recogen en el borrador de la ley, más o menos tendrían que pasar entre cinco y seis años para que un suelo infrautilizado entrase a formar parte de manera obligada en el Banco de Tierras, pues hay que sumar el primer año de tramitación, los tres años que estaría vigente esa declaración y los dos años seguidos de incorporación en el inventario. El propietario también tiene la opción de ceder voluntariamente esa parcela al Banco de Tierras.

Se limita la autorización de parques fotovoltaicos en las zonas de regadío

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ya había avanzado que se iban a establecer algunas limitaciones a la expansión de parques fotovoltaicos o eólicos que pudieran poner en peligro la superficie de actividad agraria en algunas zonas. En sí, la ley solo pone dos limitaciones muy concretas. Una de ellas es que no serán autorizables en los terrenos sobre los que se hayan desarrollado zonas regables de iniciativa pública. Tampoco se autorizarán en los terrenos en los que se haya realizado una concentración parcelaria de carácter público.