Más apoyo a las víctimas por parte «de su entorno más cercano». Es lo que pide la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, en su valoración sobre la estadística anual que ofrece todos los datos de los juzgados en relación con la violencia machista. Ese apoyo resulta fundamental, sobre todo, «para evitar el completo aislamiento» que pueden sufrir las víctimas y para que puedan acercarse a los tribunales.

Un año más, las cifras vuelven a reflejar los pocos familiares y conocidos de las víctimas que denuncian la situación. En partidos judiciales de mayor tamaño los datos aumentan aunque no son significativos, pero en otros más reducidos apenas se contabilizan unas pocas denuncias interpuestas por los familiares directamente o con participación en los atestados policiales.

Concretamente, en los juzgados de la provincia de Toledo únicamente hay constancia de una denuncia interpuesta directamente por familiares en todo 2021 y otras 27 mediante atestados policiales con denuncia familiar. Los datos son pobres, pero han aumentado respecto a 2020, que no registró una sola denuncia directa del entorno y únicamente 13 mediante atestados policiales.

La estadística del Observatorio, órgano dependiente del Consejo General del Poder Judicial, apunta que el número de mujeres víctimas de la violencia de género se incrementó un 21,9% en 2021 respecto al año anterior. Los juzgados toledanos tienen constancia de 1.976 víctimas, 356 más que en 2020, un año marcado por el inicio de la pandemia de covid, el estado de alarma y el confinamiento domiciliario de un par de meses. En este caso, Toledo supera con holgura la media nacional, situada en un 9,35%.

La tendencia al alza en el número de víctimas y en los principales indicadores de la violencia de género se mantiene «desde el segundo trimestre de 2021, lo que ha supuesto volver a cifras anuales similares a las de 2019», como indican desde el Observatorio. Si bien, en Toledo las cifras de 2021 relativas a las víctimas superan también a las registradas en 2019, en un 16,1%.

Este informe anual también arroja un aumento del 21,1% del número de denuncias el año pasado, un 15,9% más si se compara con las cifras de 2019. Por tanto, en los juzgados de la provincia el crecimiento fue bastante superior a la media nacional, situada en un 8%.

Los juzgados recibieron 2.094 denuncias, 366 más que en 2020. Hay que tener  en cuenta también en ese exceso que el confinamiento complicó que las víctimas pudieran denunciar la situación a pesar de que  la actividad judicial para estos casos se mantenía por tratarse de una materia urgente, y agravó la problemática en muchos hogares por la convivencia con el agresor las 24 horas.

No todos los indicadores subieron. Los juzgados toledanos registraron un total de 109 renuncias por parte de la víctima, un 41,3% menos que en 2020. La decisión de abandonar el proceso y negarse a declarar preocupa desde hace tiempo a los operadores jurídicos porque en  casi todos los casos el proceso se da por finalizado salvo que haya testigos que hayan presenciado el delito y pueda mantenerse vivo en los tribunales.

Respecto a las medidas de protección, la estadística confirma que se solicitaron 484 órdenes de protección, se admitieron 340 y se denegaron 125 porque no cumplían los requisitos. Aquí los datos varían poco respecto al año anterior, en el que se adoptaron nueve órdenes de protección más.

Si bien, uno de los indicadores que más varía es el relativo a la condena de los agresores. 2021 concluyó con un 91,9% de sentencias condenatorias en relación a todos los procesos que se abrieron frente al 85,9% de 2020. Por tanto, nueve de cada diez sentencias fueron condenatorias, un buen porcentaje si se compara con la media nacional, que arrojó siete de cada 10 fallos condenatorios.

Menores. Hasta hace relativamente poco tiempo, los niños y jóvenes menores de 18 años pasaban desapercibidos tanto en la violencia de género como en las estadísticas que tratan de radiografiar esta problemática. Sin embargo, en estos momentos los menores gozan de mayor protección gracias a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La presidenta del Observatorio no pasa por alto que 2021 fue un año especialmente «duro», sobre todo, por los siete asesinatos de menores que se sucedieron, más del doble que en 2020 y 2019, pero valora la suspensión del régimen de visitas como una buena medida de protección cuando aumenta el factor de riesgo en casos de violencia de género, que fue adoptada en 2021 en 2.008 casos en toda España, frente a los 847 de 2020.

En relación a Toledo, los jueces decretaron el año pasado la suspensión de visitas en 62 casos, en los que se mantenía además una orden de protección, y en 11 más sin orden de protección. Las cifras han crecido respecto a 2020, año en el que la medida también estaba vigente pero se aplicaba poco, y únicamente se dictaron 13 suspensiones del régimen de visitas.

El apoyo a las víctimas, sean mujeres o menores, es fundamental y un motivo a subrayar por parte del Observatorio cada trimestre. Además, Ángeles Carmona también resalta la necesidad «de educar en valores a nuestros niños y niñas» para alcanzar «una sociedad donde primen la igualdad y el respeto». Una tarea «que nos incumbe a todos».