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Bruselas pide congelar 7.500 millones de ayudas a Hungría

Europa Press
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Los Veintisiete tienen tres meses para evaluar si el país corrige su deriva antidemocrática del Gobierno de Viktor Orbán

Bruselas pide congelar 7.500 millones de ayudas a Hungría

La Comisión Europea ha propuesto este domingo congelar hasta 7.500 millones de euros de los fondos europeos de cohesión previstos para Hungría en el periodo 2021-2027 ante la deriva antidemocrática del Gobierno de Viktor Orbán y el temor de que la gestión de estos recursos comunitarios se vea afectada por la amenaza para el Estado de Derecho en este país.

En una rueda de prensa en Bruselas, el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, ha explicado que el Colegio de Comisarios ha respaldado por "unanimidad" la propuesta de suspender el "65 por ciento" del dinero comprometido para tres programas húngaros de la política de Cohesión y la prohibición de concluir licitaciones de interés público con gestión directa o indirecta de programas europeos.

Es una medida "adecuada y proporcionada", ha defendido Hahan, de una suspensión que afectará a los programas operativos húngaros de medio ambiente y eficiencia energética, de transporte integrado y de desarrollo territorial.

La decisión definitiva, en todo caso, queda en manos de lo que decidan los Veintisiete en un plazo máximo de tres meses, periodo durante el que deberán evaluar si las medidas que Budapest ha prometido implantar de aquí a noviembre son suficientes para corregir las irregularidades sistémicas identificadas, con reformas de calado para reforzar la lucha contra la corrupción y el fraude.

La suspensión de ayudas europeas en caso de amenazas graves para el Estado de derecho en los países de la UE es una medida prevista desde el pasado enero en el mecanismo de condicionalidad incluido en las nuevas reglas para la gestión del Presupuesto de la UE.

Una vez Bruselas presente oficialmente la propuesta al Consejo, a más tardar el 22 de septiembre, ha dicho Hahn, los Veintisiete disponen de un mes para tomar una decisión, prorrogable dos meses más. El comisario ha adelantado ya que confía en que el Consejo haga uso del periodo máximo en su evaluación porque las reformas prometidas por Orbán necesitan tiempo para su tramitación legal y aplicación.

El caso se remonta al pasado mes de abril, cuando Bruselas inició el procedimiento de condicionalidad para congelar fondos destinados a Hungría para evitar su uso opaco. Entonces Budapest se negó a cooperar para enmendar la situación y no fue hasta este verano, cuando la Comisión puso cifra a los fondos en riesgo de suspensión, que las autoridades húngaras iniciaron el diálogo con los servicios comunitarios para buscar un acuerdo.

Hahn ha asegurado en su comparecencia este domingo que Budapest ha propuesto "17 medidas muy concretas" que en su opinión van "por buen camino" pero que por el momento sólo se trata de promesas, que por el momento "no son nada", por lo que el Consejo deberá vigilar si se llevan a cabo antes de tomar una decisión.

En su primer borrador, Hahn planteó el pasado julio congelar hasta un 70% de las ayudas en cuestión, pero finalmente ha rebajado el alcance del castigo a un 65% en atención a la "seriedad" de las medidas propuestas por Budapest.

"La cuestión es que seguimos en las promesas, anuncios, son serios pero no son nada más, por eso hemos decidido dejar el porcentaje alto hasta que las medidas se cumplan y se apliquen como esperado", ha razonado Hahn ante la prensa.

En el abanico de reformas que la UE espera para proteger los fondos comunes del tráfico de influencias, corruptelas y otros fraudes en Hungría destacan la creación de una Autoridad de Integridad con poderes ampliados y de una 'task force' de Anticorrupción con salvaguardas que aseguren la participación de toda la sociedad civil.

Las autoridades húngaras también deberán fortalecer el marco legal contra la corrupción, garantizar la transparencia en el acceso a fondos públicos y europeos por fundaciones, reforzar los mecanismos de auditoría y control y reformas en el sistema judicial para que las decisiones de la Fiscalía puedan ser recurridas.