La prensa de Toledo anunciaba el 27/12/de 2022 que la alcaldesa haría oficial el 01/01/ de 2023 la cesión de 37.000 m2 en La Peraleda para el nuevo cuartel de la Guarda Civil, como ya figuraba en el Convenio firmado con el Ministerio del Interior el 11/03/ de 2022. A cambio del terreno ocupado por la Guardia Civil en la avenida de Barber, en suelo urbano, el Ayuntamiento cede suelo calificado por el PGMOU de 1986 de 'no urbanizable'. Evidentemente, se trata de un ejemplo de operación especulativa para la obtención de plusvalías: se recibe 'suelo urbano' de libre disposición y entrega 'suelo no urbanizable' que hace incierta la construcción del Cuartel por la naturaleza protegida del lugar y sus valores medioambientales. A nadie se le oculta las incertidumbres legales de la operación por los daños ambientales a la Vega del Tajo, en un meandro del río, a escasos metros del cauce, en medio de una amplia zona de 'usos no urbanizables protegidos' según el Plan de Ordenación Urbana de 1986. Además, ese espacio goza de protección de paisaje por las Instrucciones de la Dirección de General de Bellas Artes de 1968, está dentro de los conos visuales de protección del Plan Especial de 1997, en 'Buffer Zone' de la Unesco y, parcialmente, en Zona de inundación según la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Realmente, cuesta entender la obstinación del Ayuntamiento por ubicar el cuartel en La Peraleda, olvidando propuestas anteriores de localización. Su construcción eliminaría una vista protegida de Toledo, soporte de identidad y parte de las razones por las que nuestra ciudad es 'Patrimonio de la Humanidad'. Ese empecinamiento por La Peraleda, tras el fracaso anterior junto al Poblado Obrero, llama más la atención por obviar otras posibilidades: entre ellas, la completa renovación del cuartel en el lugar que  ocupa  o las oportunidades ofrecidas por el traslado del Hospital o la antigua residencia de enfermeras. El cuartel es el único centro importante de actividad que permanece en Palomarejos, su desaparición acentuaría la crisis de este barrio, para lo que el Ayuntamiento no ofrece más alternativa que nuevas viviendas.
En este contexto, el cuartel en La Peraleda sólo se justifica como 'punta de lanza' para un nuevo barrio de 3.250 viviendas, sobre 'suelo no urbanizable protegido', añadiendo más incertidumbre legal, porque las dificultades de recalificar 'suelo no urbano protegido' en 'suelo urbano' ya se manifestaron con el POM de 2007 y eso mismo impidió la aprobación de la Modificación 29 del PGMOU de 1986 por el gobierno regional. Ahora, la construcción del cuartel y el avance del nuevo POM vuelven sobre lo mismo, sin argumentos que permitan justificar la destrucción de un espacio de valor ambiental y la creación de un barrio separado de los existentes. Así, se añadiría más fragmentación al modelo actual de ciudad dispersa, contraviniendo lo establecido por la Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas y la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, de 30 de octubre), que recomiendan el modelo de ciudad compacta. Y todo eso cuando existe suelo urbano sin ocupar, cuando la población ha disminuido en los dos últimos años y cuando anteriormente ha crecido, lo ha hecho siempre muy por debajo de los municipios de su área funcional (Cobisa, Burguillos, Bargas, etc.). Con la permuta de parcelas al Ministerio del Interior, el Ayuntamiento parece querer exonerarse de su deber de conservación del patrimonio y de su responsabilidad con el medio natural, en cumplimiento de la Constitución, de la legislación ambiental del Estado y de las Directivas de la Unión Europea.
El traspaso de suelo con fines edificatorios junto al río, con impermeabilización de su entorno y presión residencial, incluida la proporcionada por una casa cuartel, evidencia falta de respeto a la conservación del medio ambiente, 'competencia estatal' y 'bien jurídico protegido', de cuyo disfrute los ciudadanos son titulares y cuya conservación es obligación de los poderes públicos y de la sociedad (Artículo 45 de la CE). Por eso abunda la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en favor de reclamaciones por invasión de 'suelos no urbanos' y por actuaciones lesivas a sus valores medioambientales, exactamente lo que ocurriría en La Peraleda, con casos bien conocidos. La consecuencia podría ser el inicio de acciones legales ante la justicia y denuncias de amparo de la ciudadanía por vulneración de sus derechos constitucionales (artículos 45 y 46 de la CE), contemplados asimismo en la legislación de medioambiental, patrimonio y urbanismo.
 En este sentido, sorprende el silencio del gobierno regional, el principal responsable de la conservación del Patrimonio (Ley de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha de 2013) y de la ordenación del Territorio (Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 2010 y Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas de 2021). Y tampoco cabe ignorar las responsabilidades del Ministerio de Cultura (Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985) para evitar situaciones de expoliación, ya denunciadas en la Vega Baja y La Peraleda por la plataforma 'Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura' (01/02/2019). Y a eso, se añade que el Ministerio de Cultura es garante de las obligaciones de conservación del patrimonio y el paisaje, derivadas de la declaración por la Unesco de Toledo como 'Ciudad Patrimonio de la Humanidad', como firmante con esta organización de lo que tiene categoría de Tratado Internacional. De este modo, el Ministerio de Cultural también estaría llamado a impedir la construcción del cuartel y de un nuevo barrio en la Vega del Tajo, en 'Buffer Zone', en zona de protección de paisaje, sin que haya habido modificación en 2013, con ocasión de la calificación por la Unesco de Toledo como 'Ciudad de Valor Universal Excepcional'.
Además, el Estado no ignora los valores medioambientales de la zona en la que se pretende instalar el cuartel, reconocidos por el propio Plan General Municipal de 1986 a través del reconocimiento de su suelo como 'no urbanizable' y 'no urbanizable protegido', que es la fórmula habitual de los poderes públicos para apartar de la acción urbanística los terrenos de valor ambiental. Y esto es así expresamente desde la Ley del Suelo de 1976. Esos valores también son reconocidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo, por afecciones del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico a especies de la zona, en el corredor ecológico y de biodiversidad que es el río, entre áreas próximas de la Red Natura 2000. Tampoco hay duda de la prelación legal de la protección ambiental (competencia estatal) sobre la acción urbanizadora, y tampoco de la doctrina del Tribunal Constitucional que afirma que las normas legales pueden incurrir en vicio de inconstitucionalidad por vulneración de prescripciones establecidas en la propia Constitución pero también por incumplimiento de aplicación de los preceptos aprobados, como en La Peraleda, donde confluyen competencias urbanísticas (Artículo 148. 1. 3ª CE) y ambientales (Artículo 149. 1. 23 CE). A su vez, la legislación ambiental traspone directivas de la Unión Europea que justifican la solicitud de la plataforma 'Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura' de ampliar el amparo de defensa de la Vega Baja y La Peraleda a la Comisión de Medio Ambiente del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (8 de septiembre de 2022).
El cuartel y el nuevo barrio en La Peraleda destruirían valores paisajísticos, patrimoniales y ambientales que adquieren renovado protagonismo bajo la Ley de cambio climático y transición energética de 2021. Mientras, el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y el Ministerio de Cultura, firmado en octubre de 2021, sólo se ha materializado en actuaciones anunciadas sobre una pequeña parte del BIC 'Yacimiento Arqueológico Ampliación Vega  Baja', buscando la impresión de 'hacer algo' en vísperas de las próximas elecciones municipales y autonómicas. En la práctica, la gestión del actual equipo de gobierno en la Vega Baja, después de 4 años de mandato, se salda con los bloques de la 'Ampliación de Santa Teresa', como nuevo 'hito paisajístico' de difícil encaje y por eso denunciado, más aparcamientos, una senda peatonal que oculta y divide vestigios arqueológicos, el anuncio de más sendas y de un carril bici, la venta a una empresa de construcción del antiguo camping del circo romano, la aprobación del antiguo 'Plan Dotacional del Tajo' el 19 de septiembre de 2022, con autorización de nuevas construcciones cuando existen otras sin rehabilitar, desempolvado del proyecto 'Take me to The River' de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 2014, y todo sin un imprescindible y reclamado proyecto de conjunto, con su consiguiente plan de etapas ajustado a disponibilidades financieras.
Lo anunciado en la Vega Baja son acciones puntuales y apresuradas, y sin el obligado Plan Especial previo de Protección, ni siquiera para el BIC 'Yacimiento arqueológico ampliación Vega Baja'. No obstante, lo que aquí se denuncia fundamentalmente es que el cuartel y el proyectado nuevo barrio en La Peraleda representan en este momento la principal amenaza para los valores patrimoniales, paisajísticos y ambientales de la Vega del Tajo, y consecuentemente, son una falta de respeto a derechos  fundamentales de la ciudadanía garantizados por la Constitución. Por eso invocamos en su defensa a la responsabilidad legal de todos los poderes públicos obligados a la conservación de los valores amenazados y a garantizar a los ciudadanos el ejercicio de derechos que les son reconocidos por la Constitución al medio ambiente (Art.45 CE) y al patrimonio histórico, cultural y artístico (Art. 46 CE).