Una representación de Unión de Uniones se reunió la semana pasada con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), para tratar diversos asuntos competencia de este departamento, pero con un evidente interés agrario. Particularmente, la organización puso el acento en la memoria-resumen anual sobre productos peligrosos que contempla la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados y que ahora están obligados también a presentar los productores y, entre ellos, las explotaciones ganaderas. Afecta fundamentalmente a la existencia de envases vacíos de biocidas y aerosoles y diversos residuos zoosanitarios que, en la inmensa mayoría de las granjas, se generan muy por debajo de las 10 toneladas al año que marcan el límite mínimo para considerar a una granja como pequeño productor de residuos peligrosos.
Con la Ley de Residuos en la mano, estos ganaderos tendrían que empezar a presentar una memoria-resumen anual de dichos productos, cuando la información que contendría dicha declaración ya es remitida a la Administración por otras vías, como por ejemplo la documentación de control de la gestión de esos mismos productos. Esta memoria tendría que presentarse antes del 31 de marzo de cada año.
Unión de Uniones considera que, por la Ley de Procedimiento Administrativo, no cabe solicitar a los agricultores y ganaderos una documentación de la que ya dispone la Administración, por lo que pidió al secretario de Estado que emita una nota interpretativa sobre el artículo 65 de la Ley de Residuos en la que se aclare que los ganaderos no están obligados a presentar la memoria resumen anual. «No es razonable seguir cargando a los ganaderos con más burocracia», señalaron desde la organización; «si no nos hacen caso, tendremos que acudir nuevamente a promover enmiendas a la Ley, como ya ha pasado con el asunto de las quemas» de restos vegetales.
La organización también solicitó que el MITECO introduzca un componente social en los Planes de Sequía, responsabilidad de las confederaciones hidrográficas. «Si hay escasez de agua para regadío, las dotaciones disponibles no pueden ser acaparadas por unos cuantos grandes regantes, sino que tienen administrar para que lleguen de forma suficiente a las explotaciones de corte profesional y familiar», apuntan.
Igualmente pidió transparencia acerca de cómo se están aplicando las ayudas para compensar y prevenir los ataques del lobo a las explotaciones ganaderas. «El MITECO tiene que garantizar que las ayudas llegan y son útiles para los ganaderos, independientemente de que su tramitación corresponda a las comunidades autónomas» opinan. Los trámites para solicitar estas compensaciones se alargan en el tiempo demasiado y se da el caso de ganaderos que optan por no pedirlas para evitar burocracia.
La organización ya se pronunció en su momento indicando que 20 millones de euros era una cifra pobre para estas ayudas, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la protección al lobo y las sentencias de varios tribunales incrementando considerablemente el importe de las indemnizaciones por ataques. Unión de Uniones también presentó, en su momento, una propuesta de enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para elevar esta partida hasta los 63,6 millones de euros.