En el ámbito judicial algunas problemáticas suelen enquistarse. Es lo que está ocurriendo con los Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, que siguen sin ver satisfechas las reclamaciones que emprendieron el año pasado mediante protestas y huelgas convocadas a nivel nacional. 

Ante la falta de respuesta y de la materialización del acuerdo firmado, el colectivo ha vuelto a plantarse y a paralizar «los juzgados de Toledo» para sumarse a la convocatoria de huelga indefinida que comenzó hace una semana, de la mano de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados, cansado de pedir una y otra vez la adecuación salarial en línea con la cantidad de funciones de las que se encargan estos profesionales desde hace más de veinte años a raíz de la Ley 13/2009, del 3 de noviembre,  y los ajustes necesarios  en el marco de negociación colectiva a las peculiaridades de este cuerpo funcionarial. 

Los letrados de la Administración de Justicia de Toledo vuelven a mostrar su descontento, como ya hicieron la semana pasada a las puertas del Palacio de Justicia, y mantienen una huelga que paraliza la actividad judicial, con un alto coste en cada jornada, tanto económico como de actividad, puesto que una protesta de estas características obliga a suspender juicios, declaraciones y otros asuntos a pesar de la obligación de realizar servicios mínimos. 

De momento, fuentes consultadas apuntan que ya se han suspendido más de 250 juicios y actuaciones en los juzgados de Toledo capital desde que comenzó la huelga el pasado 24 de enero, con lo que están resultando afectadas todas las jurisdicciones, puesto que la protesta se está siguiendo de forma masiva tanto en los juzgados de la capital como en la Audiencia Provincial.

Además, la huelga también ha trastocado de lleno la actividad porque no se están incoando nuevos procedimientos, están paralizadas las consignaciones, y afecta  de manera importante a distintas medidas, como el pago de pensiones de alimentos en los juzgados de primera instancia porque en estos órganos el seguimiento de la protesta es unánime.

A nivel nacional, las cifras ya resultan llamativas y la huelga va camino de provocar «efectos devastadores», como el comité de huelga apunta avisando que si el Ministerio no resuelve la problemática, «la Justicia española se situará al borde del precipicio». 

En este caso, se calcula que ya se han suspendido más de 30.000 actos judiciales, en torno a once millones de expedientes judiciales han quedado paralizados y provocarán «una demora mínima de tres meses en cada uno de ellos». A todo ello se suma que en las cuentas de depósito y consignación se han inmovilizado unos 110 millones de euros.

la protesta. Estos profesionales de cuerpo superior han vuelto a ir a por todas tras dos huelgas y un intento de una tercera, esta última en la primavera pasada, para exigir, al igual que el resto de Letrados de Administración de Justicia del país, que se cumplan de una vez los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Justicia en abril del año pasado.

En este sentido, el comité de huelga relativo a las tres organizaciones convocantes recuerda que hubo  un intenso conflicto por el pacto alcanzado entre Justicia y los sindicatos de los cuerpos generales en diciembre de 2021, ya que no se estableció  una adecuación salarial vinculada a las reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021 a pesar de que se trata del grueso de la reivindicación.

Dada la situación, las partes tuvieron que volverse a sentar poco después a firmar un nuevo acuerdo en abril, pero los Letrados de la Administración de Justicia siguen denunciando que en sus nóminas no figura ese aumento acordado y consideran que toda esta situación refleja «un desprecio sin precedentes a un cuerpo de rango superior (A1) en la Administración de Justicia».

De momento, la huelga continúa sin fecha de caducidad y lo que se sabe es que desde el Ministerio de Justicia está previsto que el incremento de los complementos, 206,87 euros, para este cuerpo funcionarial sea efectivo en las nóminas de enero. Por contra, desde el  comité convocante de la huelga se asegura que la administración está incumpliendo y «se manipulan cifras para ocultar que la subida se ha quedado en 195 euros». En este caso, los afectados llevan meses explicando que esa cifra debe tomarse como un complemento nacional y no como producto de una adecuación salarial de un cuerpo de funcionarios que se siente ninguneado.