Alrededor de doscientas personas se han manifestado frente a la Consejería de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para exigir la firma de un convenio justo para los trabajadores del sector de la limpieza que en su mayoría son mujeres con contratos temporales y salarios que no llegan a los 1000 euros mensuales. La huelga son nueve días (cuatro de esta semana y la que viene), no descartan la huelga indefinida si no consiguen sus objetivos y el jueves 12 se trasladan a Madrid frente a la sede de la patronal Aspel para hacerse oír.
María Isabel Cabañeros, secretaria regional de la Federación del Hábitat de Comisiones Obreras, explica que han empezado una huelga en Toledo, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real debido al «bloqueo en la negociación» del convenio. Recalca que Castilla-La Mancha es la región con una inflación más alta de toda España, que no se han aplicado nunca las revisiones desde 2017 por incrementos de precios y que piden un 4% de su vida desde 2022 hasta 2025.
Señala que son mujeres con muchas jornadas parciales y una de sus reivindicaciones es reducir las jornadas para que las mujeres vean mejoradas sus condiciones salariales ya que los incrementos que han ido pidiendo desde el año pasado han chocado siempre con el muro de la patronal a la que acusa de no admitir ninguna «de las miles de propuestas» que se han puesto sobre la mesa, entre ellas una cláusula de revisión salarial para actualizar sueldos que no se han incrementado desde 2021.
Asegura que es una cuestión de dar «dignidad» y que la última propuesta, hecha esta misma semana con la intermediación de la Consejería, no tuvo éxito por lo que considera «deleznable» la actitud de la patronal y opina que los empresarios quieren «aprovecharse» de estos sectores «que han dado todo durante la pandemia y en la pospandemia» recalcando que son reconocidos «como un servicio esencial» pero no se les aplica la misma vara de medir en cuanto a sus derechos salariales.
También lamenta que ante la huelga la Junta de Comunidades les ha marcado unos servicios mínimos que consideran desproporcionados, no solo en centros sociosanitarios sino también en museos y otras dependencias a las que se han marcado un 100%. Afirma que si tan esencial es el servicio corresponde darle dignidad con unos salarios que permitan vivir sin ahogos.
Damián Sánchez Bargueño, de UGT, insiste en que son trabajadores que el año 2021 han perdido 4 puntos de poder adquisitivo, que en 2022 «lo han pasado en blanco» sin subidas y para 2023 la patronal «hace una propuesta de bloqueo» de nuevo, lo que conduce a una pérdida de capacidad económica «inadmisible» para las mujeres que trabajan en el sector de la limpieza. Insiste en que durante la pandemia nadie se atrevía a pasar a una habitación con enfermos y ellas continuaron realizando su trabajo en condiciones precarias en cuanto a su seguridad personal, protegidas apenas con bolsas de basura, y subraya que tres de cada cuatro personas del sector son mujeres con contratos parciales y la huelga trata de defender «los derechos y la dignidad».
Cerca del 80% de los trabajadores desarrollan su labor en la Junta de Comunidades y la responsable de CCOO asegura que las instituciones les ofrecen su apoyo mediando con la patronal de la limpieza y la ayuda a domicilio. Sin embargo a la hora de la verdad es quien ha marcado los servicios mínimos que consideran excesivos y que les impiden hacer una huelga en las condiciones que le gustaría.
Por lo tanto dentro de la administración saben cuál es la situación de precariedad y se les ha pedido que reclamen a las empresas que cubran horas que a veces no se prestan y que sin embargo a la hora de la huelga se han exigido para los servicios mínimos.
En este sentido pide a la consejera, a todo el Gobierno y al presidente que se den cuenta de la problemática de mujeres que en muchos casos trabajan para la Administración de forma indirecta y que solicitan salarios dignos.
Por ejemplo reclama que los concursos de estos contratos salgan con tablas salariales ya marcadas por la administración y que esos pliegos reconozcan las subidas los convenios porque la patronal «se escuda en que los contratos que firman con las administraciones no tienen revisión de precios y para ellos es muy difícil asumir lo que ahora se les demanda».
En resumen reclama a todas las partes «un ejercicio de voluntad» para destinar dinero al trabajo que se realiza ya que «no es un gasto sino una inversión para dar mejor y mayor servicio a la ciudadanía».