Desde hace cuatro años, los pensionistas del País Vasco están en pie de guerra y no van a ceder. Su movimiento está «muy vivo» y su ejemplo se extiende en un momento en el que las demandas de los mayores aumentan.

Así lo defiende el Movimiento de Pensionistas de Vizcaya, que asegura que mantiene «muchísimas ganas de seguir luchando en la calle» para impedir que «desaparezcan las pensiones públicas» y para que sus cuantías permitan vivir dignamente a todos los pensionistas, especialmente a las viudas.

Poco después de haberse cumplido el cuarto año del nacimiento de este movimiento en Bilbao, el lunes 15 de enero de 2018, Andrea Uña, una de sus miembros, recuerda aquella primera convocatoria ante la explanada del Ayuntamiento de Bilbao a la que asistieron entre 50 y 60 pensionistas convocados por las redes sociales.

Desde entonces, las concentraciones se suceden lunes tras lunes en la capital vizcaína y 70 municipios más del País Vasco, llegando a congregar 120.000 personas en marzo de aquel año, cuando la ministra de Trabajo comunicó que la subida de las pensiones volvería a ser del 0,25 por ciento, como en los seis años anteriores.

Lo que nació como un pequeño acto de protesta por el cansancio de los jubilados ante esas pequeñas subidas de las pensiones, que no alcanzaban a compensar el incremento del coste de la vida, se convirtió en poco tiempo, según destaca Andrea Uña, en «un gran movimiento social, plural, transversal e independiente de partidos y sindicatos».

Y han conseguido «objetivos importantes», como la vuelta a la revalorización de las pensiones en función del IPC, «aunque nos siguen engañando, porque no aplican el IPC real sino que se inventan unas medias, con lo que cobramos menos de lo que ha subido», lamenta la mujer, o la desaparición del factor de sostenibllidad que introdujo entonces el gobierno del PP.

También han logrado que gastos que se hacían a cargo de la caja de la Seguridad Social se hagan a través de los presupuestos del Estado, que todos los partidos lleven en sus agendas el problema de las jubilaciones y que hayan reconocido que las pensiones públicas «son sostenibles».

Pero Uña recalca que quedan objetivos por conseguir, como que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros para que «todas las personas puedan vivir dignamente cuando lleguen a la edad de jubilación y no entrar en el umbral de la pobreza», y la mejora de las retribuciones por viudedad para evitar que «la pobreza tenga cara de mujer».

Desgastados

El paso del tiempo y la pandemia han hecho que muchos se hayan retraído, a lo que se suma que algunos militantes de partidos de izquierdas y sindicatos dieran por conseguidos los objetivos de «revertir algunas de las políticas más regresivas y duras de la etapa del PP», al alcanzar el OSIE el Gobierno.

Pero advierte: «el movimiento está muy vivo, no estamos cansados, tenemos muchísimas ganas de seguir en la calle para hacer pedagogía, especialmente entre los más jóvenes, de que los derechos se defienden, y estamos convencidos de que esta batalla por unas pensiones públicas, dignas y suficientes, la vamos a ganar».