El presidente del Partido Popular de Toledo, Carlos Velázquez, congregó ayer junto al Palacio de Fuensalida de Toledo a alcaldes y diputados de la formación para denunciar que la Junta de Comunidades ha dejado de abonar el pago de la ayuda a domicilio. Desde el 1 de enero, los gobiernos municipales cargan con el coste de estos servicios de Bienestar Social.
Así lo expresó la alcaldesa de Castillo de Bayuela, Julia Fernández, quien señaló que ha supuesto ya un desembolso de entre 50.000 y 60.000 euros para el ayuntamiento desde enero. «Necesitamos que firme el convenio para pagar las nóminas», indicó en alusión al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page.
La alcaldesa de este municipio serrano de 900 habitantes recalcó la necesidad del servicio de ayuda a domicilio en una localidad con el 60 por ciento de los empadronados mayores de 65 años. «Tenemos que adelantar el dinero o pedir una financiación», subrayó como consecuencia de que la Junta no haya firmado el convenio.
Por su parte, Velázquez incidió en que la ayuda a domicilio es «un pilar básico» de los servicios sociales porque atiende a dependientes y ancianos, así como contribuye a fijar población en los pueblos y a la creación de puestos de trabajo especializados. «Si la Junta de comunidades no paga este servicio, no paga a los ayuntamientos, no solo decepciona a todos los trabajadores, sino que tampoco contribuye a luchar contra la despoblación. Y lo que es peor: abandona a las personas más vulnerables», añadió.
Velázquez apuntó que el precio del coste por hora está fijado desde agosto de 2014. «Se tenía que haber actualizado», resaltó, por lo que «siguen infrafinanciándose» un servicio fundamental para los pueblos.
El presidente provincial del PP abundó en que, año tras año, se incumple el presupuesto destinado a la ayuda a domicilio. Así, explicó que la Junta dejó sin ejecutar 5,3 millones de euros en 2020. «Se dejaron de prestar muchos servicios de los que se anunciaron. Se dejaron de atender a muchas personas que habían solicitado la atención. El año pasado, ocho millones de euros», precisó.
«No sabemos si es incompetencia del gobierno o, simple y llanamento, irresponsabilidad. Un gobierno avanzado debe tener unos servicios públicos fuertes y a la vanguardia. La Junta no debe ni puede mirar para otro lado. Debe cumplir con su obligación del servicio de la ayuda a domicilio, que es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No debe pasar el marrón a los ayuntamientos», concluyó.