Cuando acaban de cumplirse dos años de la salida de España con destino a Abu Dabi del rey emérito, Juan Carlos I, el debate sobre su posible vuelta al país en el que reinó desde la muerte de Franco tiene sordina y no está entre las principales preocupaciones políticas del país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término de su despacho veraniego con el rey Felipe VI en Mallorca, zanjó el asunto con una somera referencia a lo que decida la Casa Real. Ese distanciamiento, por supuesto es ficticio, porque el rey, en relación a su padre no adoptará ninguna decisión que no esté consensuada con La Moncloa, como es completamente lógico, de la misma forma que su marcha fue producto del mismo acuerdo y con la misma finalidad, proteger a la Corona, cuando arreciaban las investigaciones de la fiscalía y la Agencia Tributaria sobre sus comportamientos inapropiados.
La primera visita de Juan Carlos I a su país, en el pasado mes de mayo, fue un antídoto contra su pretensión de volver de vez en cuando a España para pasar algunas temporadas, dado que ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de fijar su residencia en Abu Dabi al cobijo del emir. El circo mediático en el que convirtió aquella visita a Sanxenxo, y el exceso de soberbia del que hizo gala al replicar "¿Explicaciones de qué?", cuando le preguntaron si pensaba darlas sobre los asuntos que se habían dirimido en las instancias españolas que habían investigado sus cuentas, fue un nuevo comportamiento inapropiado que llevó a su hijo a marcar distancias y a laminar su deseo de volver al poco tiempo de nuevo a Sanxenxo a una competición de vela. La sorpresa de su conducta en la localidad gallega, más los rumores previos que se sucedieron, puestos sobre el tapete por su círculo de amistades, sobre exigencias y necesidades que eran imposibles de satisfacer, junto a la falta de compromiso y de sentido institucional que demostró, no hizo sino enconar las posiciones favorables o contrarias a su figura y su proceder, que parecía una enmienda a aquel gesto de humildad que tuvo cuando se rompió la cadera en una cacería de elefantes en Botswana, en plena crisis económica de 2012 y el paro en seis millones de personas.
El problema sobre qué hacer con el rey emérito no está resuelto, aunque es seguro que Casa Real y Gobierno -y sería interesante que sus amigos y cortesanos contribuyeran a ello- trabajan para dar una salida a su situación personal e institucional. Con problemas de movilidad y los achaques propios de sus 84 años, la vida del rey emérito no parece que corra peligro en estos momentos, pero no sería lógico que don Juan Carlos falleciera lejos de España una vez exonerado de posibles delitos, porque esa circunstancia generaría más problemas, debates y polémicas que la muerte en el país en el que reinó.
Pero tantas cuantas veces se hable sobre la situación actual del rey emérito es necesario distinguir entre su misión histórica y su contribución a la puesta en marcha y la consolidación de la democracia tras el franquismo, y su comportamiento personal que ha estado a punto de sentarle en el banquillo de lo que se salvó por su inviolabilidad, la prescripción de los hechos o las regularizaciones fiscales que fueron una confesión de parte, y ante los que la fiscalía del Supremo y la Agencia Tributaria hicieron malabares para demostrar que era un ciudadano igual ante la ley.
No hay ninguna duda acerca de los deseos del rey emérito de volver a España. De hecho, lo podría volver a hacer cuando quisiera, pero no como quiera. Por respeto a la institución que él encarnó y que trata de recuperar un prestigio que él menoscabó.